Si algo evidencia esa iniquidad que representa el descuento espontáneo de los sueldos de los empleados públicos en beneficio del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) es la concepción patrimonial y clientelista que en pleno siglo XXI todavía se tiene del Estado.

Lo del impuesto, porque no se le puede llamar de otra manera, no es más que un ridículo pretexto. Ningún empleado se va a negar a cotizar con el partido en el poder, aún haya ganado el puesto por concurso, para no exponerse a situaciones conflictivas que puedan dejarlo en la calle.

Aunque simpaticen con algún partido de oposición o desprecien el quehacer político esos empleados suscriben no sólo un formulario, sino todos los que sean necesarios para autorizar los aportes con tal de conservar su empleo. No importa lo que consagre la Constitución sobre libre asociación y libertad de conciencia.

Los descuentos de porcentajes, ni legales ni éticos, pero tampoco cuotas voluntarias, reproducen todo el atraso y deficiencia que han impedido el fortalecimiento y desarrollo de las instituciones en beneficio del Estado. Y desconcierta más aún que en contraste con el discurso de la modernidad se apele precisamente a tradición, incluyendo regímenes tan oprobiosos como la dictadura de Trujillo, para justificar una praxis que se contrapone a la eficiencia y pulcritud que deben normar la administración pública.

Al oponerse a los descuentos por considerar que pueden provocar un caos puesto que no forman parte de las fuentes de financiamiento que establece el artículo 47 de la Ley Electoral a favor de los partidos políticos, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), licenciado Julio César Castaños Guzmán, se queda corto. Porque de lo que se trata es de un abuso de poder.

Amén de que viola el principio de igualdad entre los partidos políticos deja mucho que desear que el Gobierno, que quita y pone los empleados públicos, actúe como agente de retención al utilizar el Estado para favorecer una organización en particular.

Si el escándalo de las nominillas que salieron a relucir durante el proceso electoral fue una afrenta, el descuento no se queda muy lejos. Con ese tipo de prácticas, que ha encontrado una deplorable justificación, no se puede hablar de adecentamiento de la administración pública.

Por otras razones, las violaciones que implican para la contienda política y el libre juego de las ideas que postula el sistema democrático, tanto los descuentos como también cualquier mecanismo de presión partidaria deben cesar en la administración pública.