Todos los ilegales y sus descendientes en República Dominicana son transeúntes de acuerdo a las leyes del país, y la comunidad internacional debe respetar las decisiones soberanas de los Estados, asimismo evitar que el Gobierno acuda todos los años a defenderse por rebelión a esas leyes de parte de las organizaciones no gubernamentales, manifestó este martes el director de Migración. El doctor José Ricardo Taveras dijo que es una pena que la comunidad internacional reciba denuncias irracionales de esas organizaciones no gubernamentales que por ignorancia técnica o rebelión a acatar decisiones soberanas acuden a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), de temas que no tienen vuelta atrás.

La República Dominicana fue sometida ante la corte de la CIDH de la OEA por varias organizaciones no gubernamentales alegando violación por parte de la Junta Central Electoral (JCE) al derecho de nacionalidad a familiares de ciudadanos de ascendencia haitiana.

La demanda fue presentada por el director del Centro Bonó, sacerdote Mario Serrano, que también representa el Servicio Jesuita para Migrantes; por Solidaridad Fronteriza, el padre Regino Martínez; Siriana Dolis, directora ejecutiva del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (Mudha); Marselba Goncalvaes Margerin, director del Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos, y Juan Enrique Telemín, coordinador de la Asociación para la Cooperación y Desarrollo.

El grupo envió un documento en agosto del 2012 a la Organización de Estados Americanos (OEA) en el que acusan a la JCE de implementar medidas para desnacionalizar a hijos de haitianos de la nacionalidad dominicana.

La Cámara Administrativa de la JCE aprobó en el 2007 la resolución 12 que establece la suspensión temporal de la entrega de actas del estado civil que se hayan instrumentado de manera irregular, con la finalidad de depurar el registro civil.

Según los grupos demandantes hay más de mil 500 dominicanos de ascendencia haitiana que se les han negado los documentos de identidad.

Posición Migración

El director de Migración dijo que los organismos internacionales no pueden tener al país todos los años sometidos por leyes que el aparato judicial-constitucional estableció como jurisprudencia.

Taveras manifestó que la JCE está en la obligación de acatar las leyes sobre inmigración y en base a esa ley entrega o no la nacionalidad a extranjeros, según lo que establece la Constitución.

Recordó que el artículo 132 de la Constitución, en su párrafo uno establece que la condición de ilegal prevista en el numeral uno del artículo 121 de la Ley, es suficiente para adquirir la condición de deportación automática ordenada por la Dirección de Migración.

En ese sentido Taveras consideró extranjera a toda persona que no sea nacional de República Dominicana y que se encuentre temporal o permanente en el territorio; asimismo, que tránsito es toda situación migratoria en la que se encuentra todo extranjero al cual el Gobierno no le ha concedido residencia permanente.

Un Apunte

Gobierno se defiende CIDH

El embajador dominicano ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Roberto Saladín, por recomendación del canciller Carlos Morales Troncoso defenderá al gobierno ante la corte del Comité Interamericano de los Derechos Humanos (CIDH), por alegada violación a la nacionalidad de cientos de ciudadanos descendientes de haitianos residentes en la república Dominicana, según denuncia del Centro Bonó.