El descaro de la mayoría de los integrantes del congreso de la república no tiene límites. Conforman una casta privilegiada de esta sociedad, la cual, aun con tantas demandas insatisfechas, les proporciona condiciones materiales de existencia propia de príncipes, las que que ni por asomo se corresponden con el servicio que les ofrecen a la nación.

En algo tan poco trascendente han devenido, que en una reingeniería del Estado podría eliminarse la cámara alta, reducirse la de diputados, y todo redundaría en beneficios para el presupuesto nacional que, de esa forma, dispondría de mayores recursos para dedicarse a cosas más importantes que sostener un ejército de zánganos.

Salarios estrambóticos que no se limitan a lo nominal, porque hay que adicionarles partidas que los multiplican varias veces, con inauditas justificaciones como participar en reuniones de comisiones, comprar automóviles de lujo, degustar comidas y bebidas exóticas, disponer de fondos especiales para atender necesidades de su clientela política, lo que nada tiene que ver con las atribuciones constitucionales asignadas, ninguna de las cuales la asumen con la responsabilidad debida.

Pocos recursos arrojan tan pésima relación en términos de costo beneficio, como los miles de millones que se engulle una entidad tan desacreditada como el congreso nacional, cuyo desempeño histórico registra la deleznable hazaña de propiciar el aniquilamiento de la famosa separación de poderes, al haber sido convertida en miserable caja de resonancia de órdenes impartidas desde palacio.

El criterio autoritario y avasallante del ejercicio del poder, como el que ha prevalecido en este país a lo largo de su existencia, explica que al poder judicial se le asignen menos recursos que al legislativo, con necesidades presupuestarias mayores y funciones más importantes.

En ese contexto oprobioso, a estos señores se les ocurre la brillante idea de incrementarse de manera obscena sus ingresos, recurriendo a antológicas explicaciones esgrimidas con el propósito de intentar justificar semejante escarnio.

Nada les ha importado que tal insensatez coincida con un momento en que se discute un reajuste del mísero salario que reciben los médicos; cuando hay consenso sobre la necesidad de elevar los sueldos a los policías, y cuando se debate la tesis de que el Estado debe recibir más ingresos por concepto de impuestos.

Por abusos como esos es que se afirma, con razón, que antes de hablar de elevar arbitrios, aquí urge redefinir el destino de lo recaudado, porque causa hondo dolor ser testigos de tanta francachela.