Soberana

En un extenso artículo publicado en el diario El Caribe del 17 de marzo reciente, el amigo y reputado economista Andy Dauhajre ofrece una amplia explicación sobre el origen y justificación económica – en esa coyuntura – del contrato de la Cogentrix y su garantía soberana concedida hasta el 2022.

Andy desarrolla dos argumentos principales: primero, que la garantía soberana neutraliza los riesgos de inversión en el mercado eléctrico y, segundo, permite reducir los costos financieros a las distribuidoras cuando se atrasan en pagar a los generadores; los contratos con garantía soberana prevén intereses bajos sobre la mora.

Tomemos esos argumentos para evaluar la propuesta de algunos sectores que procuran la extensión por 15 años, hasta 2037, de dicho contrato y su garantía soberana.

En primer lugar, la Cogentrix tiene 12 años de instalada, de operación y de generosa amortización. Conceder la extensión de su garantía soberana a partir del 2022 no servirá para atraer inversión fresca, nueva, en una planta eléctrica nueva, sino para «garantizar» a una central que cumpliría en ese momento 20 años de explotación y holgadas rentas.

¿Qué sentido tiene extender 15 años más de garantía soberana a una central vieja, con 20 años de instalada?

Esa central es ya un activo hundido, y en el 2022 no tendría más opción que continuar en el mercado amparada por la misma seguridad jurídica que ha protegido eficazmente las inversiones de AES, Palamara, EgeHaina, Itabo y el resto de plantas generadoras que tampoco tienen garantía soberana.

Por eso, los directivos de CESPM (Cogentrix) han decidido convertir la central a gas natural y asegurar su permanencia en el mercado basada en la venta de energía a bajo precio.

Por otro lado, según los planes y hechos recientes, antes del 2020 el 80 % de la energía del sistema será generada con carbón y gas natural y el subsidio a la CDEEE caería entre 830 y 1050 millones de dólares anuales, ha dicho Bichara.

Entonces, la mora que preocupa a Andy sería tan exigua que no justificaría una garantía soberana hasta el 2037.

Antonio Almonte