Miles de hombres y mujeres podrían quedar sin atenciones médicas y pensiones, debido a la deuda por más de 200 millones de pesos que tiene el Gobierno con el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), denunció la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD).

Jacobo Ramos, presidente de la CNTD, pidió al presidente Leonel Fernández ordenar el pago de varias cuotas de 50 millones de pesos al IDSS que debió entregar mensualmente.

Precisó que la contribución mensual al IDSS fue establecida a través de la ley 87-01, acordada hasta cinco años después de la entrada en vigencia de esta legislación.

Ramos pidió al presidente Fernández someter al Congreso un proyecto de ley que establezca un régimen especial en la ley 87-01 para garantizar servicios médicos a millares de trabajadores de la construcción, agrícolas y portuarios que administraría el IDSS.

Esta es una propuesta viable, es una salida a un problema que debemos enfrentar en conjunto, porque millares de hombres y mujeres podrían quedar sin atenciones médicas y pensiones, luego de haber entregado los mejores años de su vida, solo por la falta de buena voluntad del Presidente y los congresistas, apuntó.

Demandó la entrada en vigencia de la red pública de servicios de salud tal y como manda la ley de Seguridad Social, lo que quitaría presión a la aseguradora de riesgo de salud ARS-Salud Segura.

El presidente de la CNTD sostuvo que la ARS Salud Segura es una de las mejores porque ofrece una amplia cobertura de servicios, sus centros de salud constan de los mejores equipos así como con destacados médicos.

Ramos manifestó su convencimiento de que el presidente Fernández acogerá estas propuestas, porque debe ser el más interesado en que los dominicanos tengan garantizados servicios de salud.

La CNTD espera, dijo el sindicalista, la receptividad del mandatario y la búsqueda de fórmulas que eviten el colapsó del IDSS.

Expresó que el IDSS atraviesa por una de sus peores crisis en sus más de 60 años de asistir a los dominicanos, lo que le valió el reconocimiento del Congreso que lo declaró Patrimonio Nacional.