El Gobierno no viola los derechos de ciudadanos descendientes de haitianos en la República Dominicana, sino que cumple con el derecho consagrado en la Constitución de otorgar documentación a personas que son dominicanas, aseguró la doctora Rosario Graciano, miembro de la Junta Central Electoral,

La doctora Graciano representará al país esta tarde en la reunión de trabajo que celebrará en su sede en Washington la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, donde ayer el embajador Roberto Saladín pidió cesar la convocatoria al país de casos ya conocidos en otras oportunidades y donde hay jurisprudencia.

Varias organizaciones de derechos humanos a favor de familias haitianas sometieron a República Dominicana ante la OEA alegando que la JCE niega la ciudadanía a haitianos nacidos en el país.

La doctora Graciano afirmó que la JCE no otorga naturalización a ningún ciudadano, sino que en base a las leyes y la Constitución entrega documentaciones a personas con calidad para tenerla.

Una comisión de la JCE, que encabeza Graciano, expondrá sobre la situación jurídica de 48 personas que dicen les han negado su nacionalidad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha pedido a la JCE informaciones en torno a la denuncia, a los fines de dictar medidas cautelares a favor de esas personas y nosotros venimos a explicarle cuál es su situación jurídica, expresó.

En esa reunión de trabajo, ambas partes: la comisión de la JCE y los representantes de las 48 personas que dicen se les ha negado la nacionalidad, presentarán la información que ha requerido la CIDH, en atención a una solicitud de medidas cautelares que ha interpuesto un grupo de organizaciones de la sociedad civil respecto al caso.

Sobre el tema la CIDH le ha solicitado al Estado dominicano información previa antes de decidir si adopta o no las medidas cautelares solicitadas por esas organizaciones.

Entre los puntos e informaciones que solicita la CIDH y sobre los cuales expondrá la JCE están la situación jurídica de los propuestos beneficiarios y las razones por las cuales supuestamente se les estaría negando acceso, reteniendo o inhabilitando documentos que les identifican como ciudadanos nacidos en República Dominicana. Además, expondrán acerca de si habrían presentado recursos jurídicos para obtener documentos de identificación en el país.