Un inversionista español que en el año 2003 dice adquirió dos solares en la avenida Rómulo Betancourt con la intención de construir dos torres con 100 apartamentos, elevó un recurso de amparo por ante la Suprema Corte de Justicia, alegando que se le pretende juzgar dos veces por una misma causa, por un hecho en el cual ya un tribunal falló a su favor.
El ingeniero José Miguel Cebrián, presidente de la empresa 2G2 Dominicana, dijo que elevó la instancia por ante el despacho del doctor Jorge Subero Isa el 25 de febrero, debido a que tiene seis años con su proyecto detenido, por una litis originada antes de que entrara en el proceso de negociación y en la cual la parte demandante perdió el juicio en los tribunales.
Dijo que en el año 2004 adquirió los solares 7 y 8 de la manzana 2474, del Distrito Catastral 1 del Distrito Nacional. Indicó que la anterior propietaria había soportado una demanda comercial que involucraba uno de los dos soladores por él adquiridos, de parte de la señora Lucrecia Brown o Inmobiliaria Cristal, en el año 2003, en la cual la demandante sucumbió según sentencia dictada por el magistrado doctor Matías del Rosario, de la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
Posteriormente la señora Brown presentó una litis sobre los terrenos registrados, no contra uno, sino contra los dos solares pero no fue aceptada por el Tribunal Superior de Tierras, por lo que él adquirió esos terrenos que estaban en ese momento libres de demandas, declaró Cebrián.
Se quejó de que en el año 2007, aun tratándose de una cosa ya juzgada, se reactiva de nuevo la litis, bajo el alegato de que se trataba de nuevos abogados, y aseguró que la propia doctora Banahi Báez de Garrido, que había sido una de los jueces del Tribunal Superior de Tierras que rechazó la primera pretensión, declaró activo el expediente.
Cebrián dijo que a partir de esa fecha, varios tribunales han fallado a favor de su empresa, pero cada vez que esto ocurre, la señora Brown eleva nueva instancia y pese a que se trata de una cosa ya juzgada, en los tribunales se acepta otra vez.
Por ello, solicitó a la Suprema Corte de Justicia un recurso de amparo, en el entendido de que se han vulnerado sus derechos y se ha violentado en forma descarada la Ley de Inversión Extranjera.