La Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas) denunció este martes que legisladores en las regiones Norte, Este y Sur violan las leyes al construir estaciones gasolineras y envasadoras de gas licuado de petróleo (GLP) sin tener los permisos correspondientes.
Anulfo Rivas, vicepresidente de Anadegas en la región Norte, dijo que esos casos se dan en Santiago, La Altagracia, San Cristóbal, y otras provincias.
Citó los casos del senador de La Altagracia, Amable Aristy Castro, y del diputado Eugenio Cedeño, ambos opositores al Gobierno.
El Nacional denunció en un reportaje del domingo pasado las violaciones que se producen al otorgar permisos a empresas y particulares que construyen estaciones gasolineras y envasadoras de GLP, em el que se destaca que beneficiarios tienen que pagar sobornos a funcionarios de dos y hasta cuatro millones de pesos para obtener im permiso
Rivas dijo que en La Altagracia el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) ha otorgado varios permisos para instalar estaciones de carburantes en La Otra Banda, de Higüey, sin que el Ayuntamiento haya dado las autorizaciones previas, lo cual atribuyó al hecho de que n propiedad dal senador Amable Aristy Castro.
Anadegas afirma que en Bávaro se construyen estaciones sin los permisos “y el senador Aristy Castro construye cinco estaciones de servicios y Anadegas tiene informes que no cuenta con las licencias, pero sigue el proyecto por su posición de poder en zona”.
Añadió que en La Romana, también el diputado Eugenio Cedeño construye una envasadora de GLP en la salida de La Romana-El Seibo, que según afirma no cumple con la distancia establecida en la Ley 317-72, sobre cercanía a centros educativos, ya que el colegio de jóvenes de la Fundación Mir, del Central Romana, está a menos de 700 metros.
“Hay otros proyectos que han sido autorizados por Industria y Comercio que ni solar tienen, pero que sus propietarios tienen el formulario M-11, y la autorización de ayuntamientos del Partido de la Liberación Dominicana.
Rivas dijo que la situación es dramática en Santiago y en la región Norte, y en noviembre pasado en la avenida Bartolomé Colón se inició la construcción y fue facilitado el permiso de una planta de GLP a Propagás y una estación de gasolina Next.
Refirió que en septiembre del pasado año se otorgó un permiso a una estación que opera en la avenida Antonio Guzmán, a la salida del puente de Bella Vista, con el cual se violó la distancia.
Agregó que otra estación está en la avenida Hispanoamericana, sin que ésta cumpla con el área de terreno ni con los linderos requeridos. Está próxima a una escuela pública y a un club acuático.
También se instaló en Santiago una estación Next, en la avenida Estrella Sadhalá, donde afirma que también se violó la distancia con la instalación de una planta de Propagás próximo al Colegio La Esperanza.
En la provincia Valverde, señaló, en la carretera Mao-Monción, dijo que Industria y Comercio otorgó un permiso violando la distancia de una estación Shell, con más de 30 años, situada al lado de la cárcel pública, en una zona habitada y a menos de 300 metros de una estación Isla.
“No han servido de nada los reclamos y los procesos judiciales en contra de la medida de Industria y Comercio”, se quejó Rivas.
También señaló que en la carretera de Jarabacoa se facilitó un permiso violando todo, y sin tomar en cuenta que el Ayuntamiento paralizó la construcción porque se violaba la distancia con otra estación y, además, que está próximo al río Jarabacoa.
Afirmó que en la avenida circunvalación de Santiago, en diciembre pasado fue instalada una envasadora de GLP de Propagás, al lado de unos transformadores eléctricos de Coraasan.
UN APUNTE
Plan regulador
Danilo Polanco, director del Plan de Regulación Nacional de Combustibles (Plan Regulador) de Industria y Comercio, afirmó que está en disposición de recibir cualquier denuncia sobre acciones violatorias a la ley y tomar medidas.
Aclaró que “cuando se han denunciado irregularidades, el Plan Regulador y el ministro han ordenado investigaciones y actuado apegados al cumplimento de las buenas prácticas, llegando incluso a la destitución de los funcionarios involucrados”. Polanco negó que haya más de 70 expedientes para ser autorizados próximamente.
