La aplicación de la ley de fomento del mercado inmobiliario no parece interesar a los intermediarios financieros que manejan decenas de miles de millones de pesos provenientes de los fondos de pensiones, debido a que pese a que todos los reglamentos de aplicación de la referida ley ya están diseñados, no han creado ningún tipo de instrumentos financieros para que los constructores y promotores de viviendas tengan acceso a los mismos, estimó el presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi).

Fermín Acosta es de opinión de que debe existir una modificación de la ley, de manera que los promotores de viviendas puedan acceder directamente a los fondos de pensiones, como ocurre en otros países donde la construcción de viviendas se ha constituido en uno de los ejes fundamentales del desarrollo.

Refirió que en el país hay un déficit acumulado de viviendas, que sólo en el área del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo ronda las 60 mil unidades.

De igual modo dijo que la promoción de las denominadas viviendas económicas, que se estiman con un valor de 2.4 millones de pesos hacia abajo, tienen obstáculos importantes.

De entrada, dijo que esas viviendas deben ser construidas en terrenos cuyo costo sea bajo, lo cual de inmediato las ubica en las periferias de las grandes ciudades.

Por el hecho de estar fuera de las ciudades, carecen de infraestructuras, como calles, alcantarillas, tratamiento de aguas residuales, suministro de agua potable y electricidad, las cuales deben ser suplidas por el promotor, aun cuando una vez vendidas pasan a ser administradas y los servicios cobrados por las agencias gubernamentales del ramo.

Acosta consideró que sin la intervención del Estado no será posible la ejecución de proyectos de viviendas económicas, debido a que los costos de las infraestructuras, en las condiciones actuales, deben ser transferidos al de las viviendas.

El presidente de Acoprovi externó sus consideraciones al participar como invitado al almuerzo semanal de los medios de comunicación del Grupo Corripio, acompañado de Cruz Apestegui, miembro de la junta de directores de la Asociación Dominicana de Empresas Turísticas Inmobiliarias (Adeti).

Al intervenir en la actividad, Apestegui dijo que el turismo inmobiliario está en repunte en el país, aunque se quejó de la existencia de leyes que se constituyen en trabas para su desarrollo.

Reconoció en embargo, el gran esfuerzo realizado por las autoridades para el desarrollo de obras de infraestructura que permiten en desarrollo de ese sector.

Al respecto dijo que no existe ningún polo turístico que no cuente con un aeropuerto de clase internacional.

De igual modo, destacó la construcción de carreteras como una contribución importante en esa dirección.

Opinó que en el país deben adoptarse políticas públicas de incentivo al sector turístico inmobiliario como las aplicadas en Panamá y Colombia.

Aunque, Apestegui dijo que República Dominicana sigue siendo el principal destino del turismo inmobiliario en el Caribe.

Dijo que el turismo inmobiliario ha generado la construcción de unas 10 mil habitaciones en los últimos 10 años, las que unidades a las otras 65 mil habitaciones disponibles hace que la oferta turística del país sea de 75 mil habitaciones.

Valoró además en forma positiva que se considere como polos turísticos para fines de aplicación de incentivos a varias zonas del Gran Santo Somingo.

UN APUNTE

Justicia

´La justicia se ha convertido en una retranca para el desarrollo del sector inmobiliario de la República Dominicana, debido a que para la obtención de un título de propiedad una persona o empresa debe esperar varios años.