La Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata había rechazado en julio del año pasado la petición de actas de nacimiento y cédula de identidad electoral para 48 haitianos que llevaron ayer a la República Dominicana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), alegando violación a sus estatus jurídicos.

La vicepresidenta de la CIDH, María Rosa Ortiz, y el miembro Felipe González, reunieron en su sede en Washington a los representantes de varias organizaciones de defensa de los derechos haitianos y una comisión de la Junta Central Electoral, quienes depositaron documentos sobre sus alegatos y el Gobierno pidió rechazo a la petición de la parte demandante, en razón de que el fallo contrario en el tribunal de Monte Plata lo recurrieron en amparo ante el Tribunal Constitucional, el que todavía no se ha conocido.

La doctora Rosario Graciano, que encabeza la comisión de la JCE, destacó esta mañana que a pesar de que en principio la reunión se desarrolló con mucha tensión, al final concluyó con mucha armonía de los demandantes con los miembros del Estado.

Manifestó que los dos miembros de la CIDH recibieron la documentación de las partes y que posteriormente conocerán las propuestas.

Pedimos a la Comisión no ponderar la solicitud de medidas cautelares a favor de 48 personas de ascendencia haitiana que acusan al Estado dominicano de haberle negado su identidad, debido a que esas mismas personas han incoado recursos de amparo por ante el Tribunal Constitucional Dominicano, que en la actualidad están en estatus de no concluidos, señala la doctora Graciano.

Las organizaciones prohaitianos pidieron al CIDH recibir la solicitud de medidas cautelares mientras el Tribunal Constitucional (TC) emita su fallo.

La comisión de la JCE que expuso los argumentos junto al embajador permanente de República Dominicana ante la OEA, Roberto Saladín, precisó que en el país se están conociendo procesos de revisión por ante el TC, y que los resultados pudieran ser contradictorios a las decisiones que pueda tomar la comisión.

Por lo que solicitamos tenga a bien ponderar que ninguno de los actuantes reclamantes han sido turbados en sus derechos; que ejercieron su acción en primer grado, que lo están haciendo en segundo grado, que ejercen el derecho al tránsito, a la educación, a la libre reunión, y como muestra están las manifestaciones que han realizado en las últimas horas protegidos y amparados en el derecho interno, precisó Graciano.

Indicó a la CIDH que de acoger la solicitud de medida cautelar innecesaria, no aportaría nada a la expresión libre y legítima de los reclamantes ni del Estado, y obraría contrario a lo que establece el artículo 46 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.