Difícil de creer

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El proyecto de nuevo Código Penal lleva años trabado en el Congreso a causa de una interminable controversia en torno a la penalización total o parcial del aborto, cuya figura estaría inserta en ese texto que contiene cien tipificaciones de delitos que no se aplican por falta de esa normativa.

Es difícil creer que por incompetencia del Poder Legislativo, la sociedad no pueda disponer de un Código Penal actualizado que identifique con sus elementos constitutivos y de sanción, las decenas de crímenes y delitos que afloran en la sociedad de hoy.

El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, anunció que en los próximos días presentará un proyecto de ley especial para que se excluya la iniciativa del aborto con las tres causales del proyecto de nueva normativa penal, lo que facilitaría se aprobación.

La legalización del aborto en los casos de incesto, mal formación o violación, todavía está muy distante del portal del consenso, pero esa controversia arrastra al Código Penal, imposibilitado de salir de las fauces del Congreso, a pesar de que se admite la urgencia de su aprobación y promulgación.

Aunque se resalta la importancia de que los poderes públicos y la sociedad arriben a un tipo de acuerdo sobre el aborto y sus causales, resulta inaceptable que a causa de un debate perenne, matizado por la inflexibilidad, se impida la aprobación de un código que actualiza el régimen descriptivo y sancionador de crímenes y delitos.

Sería difícil poder explicar en cualquier escenario académico, político o civilista que más de un centenar de tipificaciones delictuosas o criminales no pueden aplicarse porque sus elementos constitutivos y régimen de consecuencia no están insertos en el vetusto Código Penal vigente.

En el proyecto trabado en los archivos de la Cámara de Diputados se consignan incrementos de penas aflictivas e infamantes, cúmulo de penas, inserción de nuevas infracciones relacionadas con delitos de alta tecnología, feminicidios o violencia intrafamiliar.

Una sociedad flagelada por el auge de la delincuencia y criminalidad exige que el Congreso convierta en ley lo antes posible al proyecto de nuevo Código Penal, que ha de servir como escudo y espada usados por el Ministerio Público y el orden judicial para combatir toda forma, expresión o manifestación de crímenes y delitos.