Con la aprobación de la Ley para la administración de bienes incautados o abandonados en extinción de dominio la Procuraduría General de la República podrá seguir violando la Constitución, prestándolos a fiscales, “a los tígueres” de la Dirección Nacional de Control de Drogas o donarlos a quienes ellos consideren convenientes, denunció esta mañana el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eugenio Cedeño.

Dijo que los vehículos incautados siguen siendo propiedad de sus dueños hasta que exista una sentencia condenatoria, mientras tanto lo utilizan fiscales y miembros de la DNCD, donde cargan sus amantes y llevan sus hijos a los colegios.

“Ayer en la discusión demostré que esa ley será fuente de corrupción y abuso y viene a legalizar toda la corruptela y desmanes que hoy se cometen en torno a los cuantiosos bienes que se incautan a perseguidos en la lucha contra las drogas, lavado de activo y los procesos de extinción de dominio”, sostuvo el legislador oficialista por La Romana.

Añadió que “como diputado; tengo el deber de alertar sobre el daño y amenaza que se esconde, tras el proyecto ayer aprobado,  proyecto de Ley para la administración de bienes incautados o abandonados en extinción de dominio”

Citó el caso de la fiscal Carol Rodríguez apresada el pasado 16 de junio municipio de Higüey, provincia La Altagracia,  transitaba en un vehículo sin placa, el cual era incautado.

“En la actualidad, los cuerpos represivos, el ministerio público, la justicia, ni nadie tiene derecho a usar o dar en uso estos bienes hasta tanto intervenga sentencia de decomiso”, consideró Cedeño.

Para el congresista, con la aprobación de esta ley, “el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados (INCABIDE) podrá usar, dar en uso, conceder, donar, prestar, vender, alquilar, prestar estos bienes (casas, villas, carros de lujo, prendas, estaciones de combustibles, naves, aviones, sin que los dueños hayan sido condenados, sin haber sido decomisados o adjudicados al Estado, y sin la autorización de los dueños.

”La ley aprobada viola la presunción de inocencia, el derecho de propiedad, la Constitución de la República y todos los principios de legalidad”, afirmó. Lamentó que la Procuraduría autorice que los fiscales anden en los vehículos incautados.