Editorial

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 Supuración.-

El presidente Danilo Medina designó una comisión que investigará ventas irregulares de terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), una de las cuales habría sido el conflicto que desencadenó el asesinato de dos locutores, heridas a una secretaria y el supuesto suicidio del homicida, en San Pedro de Macorís.

Se trata de otra posible supuración de una vieja infección de prevaricación que agobia al inhábil consorcio estatal, cuyo vientre y extremidades han sido mutilados en provecho de filibusteros que dentro y fuera de los gobiernos saquean impunemente la cosa pública.

Se ha dicho que el asesinato de los locutores Leonidas Martínez y Luis Manuel Medina, perpetrado por José Rodríguez, quien se habría suicidado, tuvo su origen en un conflicto por unos terrenos del CEA vendidos de manera irregular.

Ha hecho bien el presidente Medina en disponer una investigación sobre este caso, suspender al actual director ejecutivo de la entidad y prohibir cualquier tipo de operación que involucre los activos del CEA que aún no han sido depredados.

El 27 de septiembre del año pasado, el mandatario creó una comisión evaluadora de las transacciones del consorcio que en 51 años involucran la venta, traspaso o permuta de 3.5 millones de tareas. Cinco meses después, el Presidente se ve obligado a afrontar otra secreción de un viejo cáncer de corrupción.

Ojalá que algún día se revelen los centenares de contratos viles mediante los cuales el CEA ha sido despojado de extensos predios con vocación agrícola, urbanística y turística, aunque sea solo como información o de una historia de despojo y prevaricación.

No resulta ético pretender sacar provecho político o de cualquier otra naturaleza de la tragedia que ha significado el asesinato de los locutores Martínez y Medina ni del suicidio atribuido al homicida, por lo que se reclama que el caso sea investigado hasta el fondo.

El decreto presidencial que dispone investigar posibles ventas irregulares de terrenos del CEA no tendría ningún efecto positivo o reparador si no es seguido por la aplicación de un necesario y reclamado régimen de consecuencia contra la prevaricación.

El Nacional

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