Editorial

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Como debe ser.-

El sector empresarial brindaría un gran servicio a la economía si acoge el aumento de un 20 por ciento en el salario mínimo acordado por el Gobierno y representantes de los trabajadores, porque menos de ese porcentaje sería igual a nada.

Desde junio de 2015 el sueldo mínimo se mantiene estático, aunque el índice general de precios experimenta moderada tendencia al alza, lo que significa que en términos reales el salario se deprecia en proporción al incremento de la inflación.

Conforme a la resolución del Comité Nacional de Salarios, el sueldo mínimo será de $15,447.60 para empresas que reporten ganancias de más de cuatro millones de pesos, de $10,620 para las que registren beneficios de dos a cuatro millones, y $9,411, a las que reporten dos millones de pesos.

Las centrales sindicales exigían un aumento del salario de un 30 %, pero aceptaron un 20%, que se sitúa en un punto de equilibrio entre lo anhelado y lo posible, aunque la resolución fue rechazada por el sector empleador.

A lo que se aspira es a que ese incremento se convierta en efectiva palanca que impulse el aumento general de salarios que urge la economía para recomponerse por el lado de la maltrecha capacidad de demanda o consumo.

Se acepta como válido el argumento de que muchas pequeñas y medianas empresas no soportarían un aumento salarial mínimo al nivel del que aspiraba el sector sindical, por lo que se requiere que el Gobierno aplique políticas de incentivos fiscales en favor de las Mipymes.

Los gremios empresariales están compelidos a contribuir con la consolidación de la gobernanza, de una justa redistribución de la renta privada, porque escrito está que enseñar al burro a no comer no se corresponde con las mejores prácticas empresariales.

A lo que se aspira es a que la resolución que reajusta el salario mínimo logre el consenso tripartito, se ponga en vigencia en el plazo de ley, y que sus efectos positivos se expandan por todas las estructuras productivas, como debe ser.

El Nacional

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