Al decir que es al Gobierno que corresponde buscar los recursos para completar el subsidio de la electricidad, el representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha hablado con la claridad que, quizás por temor, no han querido hacerlo las autoridades en torno a la crisis que se cierne sobre el escabroso sector. La aclaración del organismo internacional no despeja el oscuro panorama, pero sirve para poner en auto a los usuarios sobre las alternativas para afrontar el enmarañado problema.

Por el escarceo sobre los resultados de las elecciones no se ponderó el significado de la afirmación del vicepresidente de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), licenciado Celso Marranzini, en el sentido de que el subsidio de 380 millones de dólares para el sector proyectado para 2010 se había agotado en los primeros cuatro meses del año. Con la revelación no sólo se justificaban los apagones que se recrudecieron después del 16 de mayo, sino que se advertía sobre una crisis de mayores proporciones si el Gobierno no disponía de recursos adicionales.

Si bien es obvio que las votaciones fueron determinantes para que el subsidio se agotara en tan poco tiempo, el asunto ahora es buscar las fuentes, como planteó el representante del BID, Manuel Labrado, para obtener los recursos adicionales. El Gobierno, de acuerdo con el ministro de Hacienda, ha buscado para esos fines nuevos préstamos, ajustes internos o transferencias de fondos.

De esas opciones la menos traumática es la transferencia de fondos. De préstamos la nación está hasta la coronilla, debiéndole a las siete mil vírgenes, y en cuanto a ajustes los consumidores no soportan más alzas en las facturaciones del servicio eléctrico ni de ningún otro servicio. Lo único claro es que las perspectivas no pintan buena, por lo cual la población debe prepararse para eventualidades más apremiantes.

La despolitización del sector, en lo que tanto ha insistido Marranzini, puede ser una salida para mejorar las condiciones financieras, pero no se quiere cargar con ese costo. Si las distribuidoras no cumplieron las metas en estos primeros meses fue simplemente por el factor electoral. De no ser así, sería bueno saber la razón por la cual, según Labrado, no se factura la energía servida a usuarios de alto consumo. No se trata ni siquiera de saber quiénes son los afortunados.

En esas condiciones no se puede esperar que el Gobierno honre el compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en cuanto a aplicar un mecanismo más flexible para las tarifas, pero tampoco una mejoría en el servicio con la consiguiente reducción en las facturaciones.