El presidente del Consejo Nacional de la Empresa privada (Conep), Rafael Blanco Canto, expresó temor de que los empresarios aborden de manera unilateral lo relacionado a las discusiones del pacto fiscal, por lo que advirtió que en ese caso el Gobierno impondría una reforma tributaria sin debido consenso.

Se reconoce como válido el esfuerzo del Conep para que el empresariado acuda a las discusiones sobre fiscalidad con criterios unificados, aunque es preciso señalar que el de la nación debería ser el interés más elevado que se correspondería invocar.

El Gobierno prometió que no promoverá más impuestos, sino una mayor eficiencia en las recaudaciones por vía de la disminución de la evasión y elusión fiscal, lo que de antemano representa un buen impulso para arribar a un pacto fiscal que no incremente la elevada carga tributaria que acarrean consumidores y la clase media.

Es verdad que el sector productivo a todos los niveles requiere de oxigenación del Estado para construir una mejor competitividad y convertirse en puntal de la generación de empleos formales, pero debe entenderse también que el Gobierno requiere de recursos para poder promover equidad social y económica.

Se sabe que el nivel de presión tributaria (ingresos fiscales en proporción al PIB), ronda el 14%, cuando la media en América Latina es de un 20%, lo que indica que para impulsar desarrollo o redistribución del ingreso, se requiere incrementar la fiscalidad.

El reverso de la moneda se refiere al gasto público, en torno al cual, el Gobierno debería presentar propuesta y garantía de reducción y calidad en su ejecución, lo que quiere decir invertir más en la gente y menos en el clientelismo craso.
Es claro que, si no se crean nuevos impuestos, la discusión sobre el pacto fiscal se centraría alrededor del gasto tributario (de las exenciones y exoneraciones), que asciende a más de 200 mil millones de pesos, la mitad de lo cual afecta negativamente los ingresos fiscales por la aplicación del Itbis, lo que implica que de uno u otro lado se pretenda traspasar sus efectos a los consumidores.

Al Conep le asiste derecho de unificar al empresariado en torno a propuestas comunes, como el Gobierno de procurar cese de evasión y elusión fiscal, así como una reducción sustancial del gasto tributario, pero ni uno ni otro pueden ni deben tirarle el muerto a la población.