San Juan, 19 de Mayo (EFE).- Los fondos públicos que reciben los partidos políticos de Puerto Rico serán eliminados el próximo año, anunció hoy el Gobierno de la isla junto a otras medidas para tratar de recortar el presupuesto del nuevo año fiscal en al menos 600 millones de dólares debido a la crisis que vive el país caribeño.

A unos 40 días para que el próximo 1 de julio comience el nuevo año fiscal, los legisladores de Puerto Rico también estudiaron hoy un nuevo plan de subida de impuestos presentado por el Gobierno local, que no quiere presentar el presupuesto hasta que este incremento impositivo esté aprobado.

La nueva propuesta del gobernador, Alejandro García Padilla, establece un mecanismo para, en una primera etapa, elevar el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), y en una segunda transformarlo en un Impuesto de Valor Añadido (IVA).

Así, desde el 1 de julio y durante nueves meses, la tasa de la contribución sobre el consumo bajo el sistema actual (que no grava toda la cadena de valor, sino solo el precio final) sería del 10 % a nivel estatal y del 1,5 % a nivel municipal.

Ello situaría el IVU en el 11,5 %. A partir del 1 de octubre de 2015 y hasta terminar el periodo de transición, los servicios prestados entre negocios y profesionales que hoy no tributan deberán pagar una tasa intermedia del 4 %, si se aprueba esta propuesta.

Una vez culmine el periodo de transición, a partir del 1 de abril de 2016, entraría en vigor un IVA también del 11,5 %, del que estarían excluidos los servicios de educación, servicios médicos, medicinas, alimentos, materia prima y rentas comerciales y residenciales.

Con la implantación del IVA se pretende gravar toda la cadena de valor de los productos y servicios, no solo cuando estos llegan al consumidor final, lo que debería ayudar a combatir la enorme evasión fiscal que sufre el sistema recaudatorio de la isla.

Además, se busca modificar la aplicación de la contribución alternativa mínima para las compras entre filiales y matrices, práctica conocida en inglés como “transfer pricing” y utilizada por las grandes cadenas de tiendas estadounidenses para evadir el pago de impuestos a nivel local.

El Gobierno busca que el Legislativo apruebe esta propuesta antes de presentar el presupuesto del próximo año fiscal, que ya ha anunciado que en cualquier caso incluirá recortes por un mínimo de 600 millones de dólares.

La semana pasada el Ejecutivo ya alcanzó un acuerdo sobre esta propuesta con los legisladores de su propio partido, ya que no todos habían apoyado su proyecto inicial, que suponía una revisión del sistema contributivo mucho más ambiciosa.

Sin embargo, cuatro de esos legisladores del partido gobernante mostraron hoy su oposición a este nuevo proyecto, al considerar que los términos en los que está redactado no se ajustan a lo pactado.

Ellos insisten en proponer un impuesto general a todas las importaciones, que se renegocien los términos de la deuda pública y que se suban los impuestos a las empresas extranjeras y grandes cadenas estadounidenses de supermercados.

El presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, reclamó hoy a estos legisladores que apoyen la medida. “Todos tenemos que movernos, no a lo que nosotros queremos, sino a lo que es posible lograr para cerrar un presupuesto que no tenga una cantidad de cortes tan grande que afecte los servicios a la población que estamos llamados a defender”, dijo.

El opositor Partido Nuevo Progresista (PNP) mantuvo hoy su rechazo frontal a la propuesta, por considerar que, en general, una subida de impuestos contraería el consumo y sería contraproducente para la economía de la isla, que atraviesa una recesión que se prolonga ya por casi una década.

Esta agrupación propone reformar el Departamento de Hacienda para mejorar su capacidad recaudatoria, transferir el manejo del IVU a los municipios y aplicar ciertos recortes en el gasto público.

Mientras, el gobernador y su equipo fiscal informaron hoy a las agencias afectadas de cómo planea recortar en al menos 600 millones de dólares el presupuesto para el próximo ejercicio, para poder cuadrarlo sin incurrir en más endeudamiento.

La Policía, la Universidad de Puerto Rico y el Departamento de Agricultura quedarán fuera de los recortes, después de las encendidas protestas protagonizadas recientemente por las tres instituciones.

Entre los recortes confirmados se incluyen el fondo de 600.000 dólares para gastos operacionales que reciben los partidos políticos en año electoral (2016), al tiempo que se eliminará o fusionará una veintena de entidades públicas y se cortarán también las asignaciones legislativas.

La Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) será reorganizada y se eliminarán algunas rutas, al tiempo que se suprimirán contratos con terceras partes y la compra de ciertos servicios a firmas privadas por parte de agencias públicas, detalló en una conferencia de prensa el secretario de Gobernación, Víctor Suárez.