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Empleo público y oportunismo político

Empleo público y oportunismo político

En España, Correos ofrecía hasta hace poco 4005 plazas de trabajo fijo. No estamos hablando en este caso de un trabajo de oficina frente a una computadora ni de un trabajo de tecnología de punta que requiera personas muy cualificadas, sino más bien de un simple empleo público como cartero (a pie o motorizado), como agente de clasificación y, en su más alto grado, para trabajar en el departamento de atención al cliente.
Pese a la simplicidad del trabajo ofrecido, se presentaron como candidatos la increíble cantidad de 166,350 personas.

La razón de esta avalancha de gente es solo una: los españoles en paro quieren un empleo fijo sin importarles en demasía la calidad del mismo.

La lección que muy bien nosotros podemos aprender del ejemplo anterior no está en esa enorme cantidad de aspirantes al trabajo de Correos ni tampoco en su proporción (una persona por cada 42 aspirantes), sino en la forma de selección. Para un trabajo público tan simple como el de llevar una carta a una casa, en España no vale que usted sea miembro del PSOE (Partido Socialista Obrero Español), del PP (Partido Popular) o cualquier otra entidad política, sino que está en la obligación de tomar un examen eliminatorio para medir el nivel de conocimientos sobre servicios, productos y conocimientos sobre Correos.

Cada vez que se acercan las elecciones, los partidos de oposición siempre han hecho ataques desde hace décadas sobre el uso indebido de los recursos del Estado en las campañas políticas y el proselitismo sin cuartel.

Sucedió en tiempos de Balaguer, sucedió con el PRD y también con el PLD. Siempre hay quejas en la calle de que se usan los vehículos, las oficinas y los materiales que allí hay, pero muy raras veces se hace mención de lo más importante: los partidos usan a la gente más necesitada.

Muchas personas tienen un trabajo en una institución estatal no porque tomaron un examen (como en España), sino por pertenecer al partido de turno. Son cuatro años de trabajo seguro que se convierten en inseguridad cuando llegan las próximas elecciones.

En ese momento, hay que ahogar la conciencia para que no les recuerde los errores de sus gobernantes y partido, y poder asegurar cuatro años más en el mismo trabajo, y así rueda la rueda con la esperanza de que siga rodando por cuatro años más.

El verdadero desarrollo de nuestras instituciones públicas empezará cuando empecemos a separar los puestos de trabajo públicos de la política. Al hacer así, desaparecerá la cuasi eterna y mala práctica del empleado público que trabaja como el clásico electricista chapucero que existe en cada barrio, ese que no le enseña a nadie lo que hizo en las instalaciones de la casa para que haya que buscarlo siempre que surja un problema que él mismo creó. Aun cuando en la última década no ha habido cambio de partido en el Gobierno, se sabe que, en la política moderna, las alianzas con partidos minoritarios que antes tenían gran valor ideológico, hoy solo buscan asegurar los beneficios económicos a los que la victoria conlleva.

A todo eso hay que añadir la latente posibilidad de una llamada que viene de “arriba” para poner en ejercicio el mal hábito del “quítate tú pa´ ponerme yo”.

Cuando no exista ningún tipo de vínculo entre los empleos públicos y el Gobierno, tendremos elecciones más justas porque la presunción del conteo de votos se haría desde cero en vez de dar por sentado que el partido reinante cuenta ya con los votos del empleado público.

Nadie crea de la nada, pues hasta los más laureados artistas y grandes científicos empezaron imitando a sus predecesores.

El prototipo de empleado público que presentamos al principio no es exclusivo de España, sino algo común en Europa, especialmente en las instituciones de la Unión Europea.

Como me gustaría ver llegar el día en el que hagamos nosotros lo mismo en todos los departamentos gubernamentales: trabajadores públicos en sus puestos hasta la fecha de su jubilación y capaces de votar libremente en lugar de tener que vender literalmente su voto para preservar un empleo público.
El autor es periodista.

El Nacional

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