Las encuestas decían que un 2% de perredeístas no sufragaría por el candidato del PRD. Los resultados de esos mismos estudios revelaban también que un 2% de peledeístas no votaría por su partido. Lo que es igual no es ventaja. No se ganó ni se perdió por esa razón.

En el recién pasado certamen fueron determinantes el uso de los recursos del Estado y la parcialización de la Junta Central Electoral. La ausencia de Miguel Vargas en la campaña y los supuestos errores de Hipólito Mejía no son aspectos favorables, pero tampoco inclinaron la balanza hacia el oficialismo.

Sin embargo, hay razones de sobra para el sometimiento a juicio disciplinario en contra de Vargas Maldonado y algunos de sus seguidores. ¿Pero será el momento indicado?

Uno de los alegatos de la dirección del PRD es el de resolver ese problema temprano para limpiar la casa y tener tiempo de sobra con miras al 2016. Pero posiblemente se está cayendo en un gancho tendido por el gobierno, el cual ha promocionado y dimensionado la crisis, con la agravante de que en su mano está la suerte final del PRD, por el control evidente que tiene sobre el TSE.

Muchos dirigentes del PRD señalan que el TSE no está facultado para inmiscuirse en asuntos disciplinarios de los partidos. Y, además, que por su reconocida inclinación de sus magistrados está moralmente descalificado. Pero al gobierno no le importa una cosa, y menos la otra.

Al PLD solo le interesa destruir al PRD, para no tener oposición durante cuatro años y mantener esos órganos electorales hasta el 2016, que son una especie de traje a su medida. Es posible que haya un error de cálculo en el PRD y las circunstancias demandan un estudio detenido.