El caso del avión que posiblemente se precipitó en aguas del mar Caribe con once pasajeros y el piloto, tras despegar del aeropuerto Cibao, parece convertirse en punta de un gran iceberg de irregularidades sobre el cual, se teme, penderían la mayoría de las terminales aéreas nacionales.

Al hecho comprobado de que el avión transportaba indocumentados y de que estaba tripulado por un piloto cuya licencia había sido cancelada, se agrega ahora la versión de que el aparato fue robado de un hangar donde sería sometido a una revisión general.

El dueño de ese avión reveló que lo envió al aeropuerto Cibao para ser sometido a un chequeo mecánico como paso previo para proceder a su venta, pero inexplicablemente, otro piloto movilizó el aparato y despegó con once indocumentados con destino hacia Islas Caicos.

Difícil poder explicar cómo once personas carentes de documentación logran evadir los estrictos controles de un aeropuerto internacional y que, para colmo, el viaje irregular se realice en un avión robado en la misma terminal.

Conviene aclarar que la operación de un aeropuerto corresponde a las autoridades y no a los dueños o inversionistas de sus instalaciones, como ocurre, por ejemplo con las terminales Cibao, Punta Cana y Romana, construidas por el sector privado.

La responsabilidad de todo lo ocurrido con ese fatídico vuelo corresponde, por tanto, a las agencias oficiales de Seguridad Aeroportuaria, Aeronáutica, Inmigración y Aduanas, cuyos titulares en el aeropuerto Cibao deben tratar de explicar lo que parece inexplicable.

¿Quién autorizó al piloto Adrián Jiménez a despegar un avión sin poseer licencia? ¿Quién o quiénes permitieron el ingreso a esa nave de once personas indocumentadas? ¿Quién autorizó la inspección mecánica que se haría a ese avión y quién determinó que ya estaba apto para operar de manera regular?

Por la salud de la aviación comercial dominicana, conviene que este caso insólito, plagado de irregularidad e ilegalidad, sea esclarecido de manera absoluta y concluyente, más aun porque el accidente trágico acaecido concita hoy la atención de agencias federales de Estados Unidos.

De algún modo, el ambiente enrarecido que cubre este escándalo afectaría la credibilidad y buena imagen de otros aeropuertos de propiedades públicas o privadas, por lo que resulta imperativo que esta vez se descubra el manto de impunidad de manera total y convincente.