MEXICO. AFP. Estados Unidos y México ajustan su estrategia conjunta frente al narcotráfico con objetivos a más largo plazo, como el desarrollo de la prevención y la justicia mexicana, mientras los cárteles siguen demostrando su poder de desestabilizar algunas regiones mexicanas.
Con una frontera de más de 3.000 km vulnerada constantemente por narcotraficantes con métodos cada vez más sorprendentes, como el uso de catapultas para lanzar droga por encima de la línea que divide sus territorios, la colaboración bilateral en este rubro será uno de los temas dominantes durante la visita del presidente Barack Obama a México el 2 y 3 de mayo.
Se trata de la primera visita de Obama a México desde que Enrique Peña Nieto asumiera como presidente en diciembre 2012.
El complejo tema de la estrategia bilateral antidrogas se organizó en 2007 en torno a la Iniciativa Mérida.
En su diseño original, pactado por los expresidentes George W. Bush (2001-2009) y Felipe Calderón (2006-2012), el programa otorgó 1.600 millones de dólares de las arcas del gobierno estadounidense en tecnología de punta para el combate a las drogas y capacitación de las fuerzas de seguridad, básicamente.
Y, a pesar de algunos contratiempos legislativos estadounidenses, esos compromisos se van cumpliendo.
Sin embargo, desde que gobierna Peña Nieto los niveles de violencia provocada por el narcotráfico -que se ha cobrado más de 70.000 vidas en México desde diciembre de 2006- son similares a los del mandato de Calderón.
«A la Iniciativa Mérida le faltaba el componente social relativo a la prevención del delito y ahora los dos gobiernos coinciden en enfatizar ese punto», dijo a la AFP Raúl Benítez, investigador del Centro de Investigaciones para América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El experto consideró que «se está generando una armonía de visiones» entre Obama, «que tiene una filosofía social mucho más desarrollada que Bush», y Peña Nieto, al que organizaciones de derechos humanos le han insistido cambiar la estrategia contra las drogas, que fue militarizada por Calderón.
Confianza bilateral dañada Ambos mandatarios tienen también el reto de curar la herida en la confianza en la relación bilateral provocada por el operativo «Rápido y furioso», que consistió en permitir el tráfico de unas 2.000 armas de alto poder de Estados Unidos a México, entre octubre de 2009 y septiembre de 2010, con la intención de rastrear a los cárteles mexicanos.
Los agentes estadounidenses perdieron el rastro de esas armas que, según fiscalías mexicanas basadas en pruebas balísticas, algunas fueron usadas en masacres en territorio mexicano.
«El cambio que veremos ahora en la colaboración bilateral consistirá en poner más énfasis en la necesidad de mejorar el sistema penal mexicano y en detener el tráfico de armas de Estados Unidos a territorio mexicano», añadió Benítez.
El nivel de impunidad en México alcanza el 90% de los casos, según diversos estudios.
Hasta ahora la Iniciativa Mérida se ha concentrado en combatir el narcotráfico en estrategias de despliegue policial y militares de gran escala. México ha recibido aeronaves Casa 235, escáneres de ión y nueva tecnología de rayos X.
Durante el mandato de Calderón, una veintena de capos que figuraban en las listas oficiales de los más buscados fueron encarcelados o abatidos, pero la violencia no disminuyó. De 2.800 asesinados en 2007 relacionados con el crimen organizado, la cifra se disparó a 12.000 en 2010.
«No solamente metiendo a la cárcel o matando a los capos es como se va a acabar con el problema de la violencia del narcotráfico, y ahora los gobiernos de los dos países están ampliando su estrategia a la prevención del delito y de la adicción, obligados por el fracaso de sus estrategias emprendidas hasta ahora», dijo a la AFP María Pía, investigadora de la Universidad Iberoamericana.
En abril, los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron un acuerdo para complementar la Iniciativa Mérida con el elemento de la prevención.
El plan antinarcóticos, que se puso en marcha en 2008, se pactó «para las necesidades del momento» y hoy la situación es distinta, dijo en Washington el 18 de abril Miguel Ángel Osorio Chong, ministro de Gobernación de México.