Las 202 mujeres asesinadas hasta el mes de octubre inclusive, son pocas para conmover al gobierno dominicano que además, carga con la culpa de más cien mujeres muertas hasta la fecha, por causas asociadas a su condición de reproductoras, una mortalidad que tiene al Estado como ejecutor.
A la fecha, son más de 300 mujeres borradas del mapa de esta isla, unas por hombres y otras por el Estado, ambos, machistas redomados y convencidos de que las mujeres somos cosas que les pertenecemos, lógica compartida para seguir matando a las dominicanas, ya sea por un feminicida o por el sistema.
La mortalidad materna, cuyo índice -dice el gobierno- trata de disminuir, es resistente y refiere la mala atención médica, sin avergonzar al sistema de salud pública nacional, a pesar de que la directora del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Altagracia Guzmán Marcelino, manifestara a comienzos de este año que un 99% de los casos son evitables. Para la ocasión, la doctora Guzmán Marcelino citaba problemas fundamentales como la falta de preparación médica y la mala calidad de los materiales utilizados.
Como dice la mexicana Juliana G. Quintanilla, los crímenes contra las niñas y mujeres se cometen en sociedades o en círculos sociales cuyas características patriarcales y la violación de los derechos humanos, se concentran y se agudizan de manera crítica. Y en nuestro país esto está sucediendo al punto de alarmar a toda la comunidad nacional, sorprendida por tanta violencia contra las mujeres.
El Estado dominicano, administrado -por cualquiera de los partidos- desde hace años mantiene una indiferencia cruel por la suerte de las dominicanas, con cifras sostenidas de mortalidad materna y de muertes violentas de mujeres, encima de los niveles tolerables, para dejar pasar un total de más de cuatrocientos feminicidios al año.
En el caso de las muertas por feminicidio, junto a los ejecutores materiales, son responsables quienes desde su posición en la definición y aplicación de las leyes, refuerza inequidades estructurales que hacen permisible que más mujeres sean asesinadas y con su corporativismo siguen permitiendo que los hombres sean dueños de la vida y destino de las mujeres.
En el caso de las muertas por causas maternas, estamos frente a un Estado feminicida que mantiene el desorden clientelar y la mala práctica de sus profesionales, sin invertir para la calidad de una reforma dirigida solamente a este fenómeno asesino.
Con más de cuatrocientas muertas por la Violencia Contra la Mujer, machista e institucional, para este año, el Gobierno debe considerar seriamente dedicar el año 2012 en emergencia nacional por las mujeres y focalizar esfuerzos prioritarios, financieros y de voluntad, para que no mueran más dominicanas.