Redacción Internacional. EFE. El presidente libio, Muamar al Gadafi, cuya orden de arresto ha solicitado hoy el fiscal Luis Moreno Ocampo, es el segundo jefe de Estado en activo a quien la Corte Penal Internacional (CPI) pide detener.

El precedente fue el presidente de Sudán, Omar Hasan al Bachir, imputado por genocidio en relación con los crímenes cometidos en la región de Darfur y sobre quien pesa una orden de detención de la Corte Penal Internacional desde julio de 2008, aunque se mantiene en el poder en su país.

La pena máxima que puede imponer la Corte Penal Internacional es de 30 años de prisión, y si la extrema gravedad del caso lo justifica, cadena perpetua.

Creada por iniciativa de la ONU mediante el Tratado de Roma en 1998, la Corte Penal Internacional empezó a funcionar el 1 de julio de 2002 para juzgar a los responsables de crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra.

Hasta ahora 114 países se han unido a la CPI, una Corte de última instancia que sólo puede actuar cuando las instituciones nacionales no tengan voluntad política o capacidad para hacerlo y que sólo investiga crímenes cometidos desde su creación.

Los procesos pueden ser incoados por un Estado, por el fiscal general o el Consejo de Seguridad de la ONU.