MEXICO, 21 Feb 2013 (AFP) – La proliferación de grupos civiles armados de autodefensa en al menos cuatro estados de México, donde reina la impunidad ante el crimen organizado, revela signos de ingobernabilidad y son un nuevo reto para el gobierno del país, opinan expertos, legisladores y defensores de derechos humanos.

Este fenómeno comenzó a manifestarse de forma espectacular el 6 de enero, cuando unos 800 hombres armados con machetes y escopetas conformaron en Ayutla de los Libres, un municipio de la montaña en Guerrero (sur), grupos de autodefensa para proteger a sus comunidades acosadas por las organizaciones criminales que mantienen a raya a campesinos e indígenas, con secuestros, asesinatos y permanentes extorsiones.

Ese grupo de autodefensa se enfrentó este miércoles con un comando durante un «patrulla rutinario» en el poblado El Refugio, en el que murió un presunto delincuente, según Crisóforo García, líder comunitario.

Este grupo de policías comunitarios, que patrullaron encapuchados las calles e instalaron retenes, detuvo a casi medio centenar de supuestos criminales y tenía la intención de juzgarlas ante asambleas populares en vez de someterlos a la justicia.

Sin embargo, tras una reunión con el secretario de Gobernación (Interior), Miguel Ángel Osorio Chong, los dirigentes aceptaron entregar a la fiscalía estatal a 31 de las personas que habían sido detenidas y el resto fueron liberadas, a cambio de que el gobierno estatal promueva un esquema legal para que este municipio cuente con una policía comunitaria.

Es «un peligro» el acuerdo entre Osorio Chong y los líderes de Ayutla de los Libres, porque legitimar a estos grupos «habla de una incapacidad del Estado mexicano, no solo a nivel federal, sino local para llevar seguridad y justicia a estas poblaciones», advirtió a la AFP Gerardo Rodríguez, experto en temas policiales y militares y director de la consultoría México Seguridad.

Legisladores y gobernadores enfrentados

Los grupos de autodefensa se multiplicaron las últimas semanas en el vecino estado de Michoacán (oeste), en donde al menos tres comunidades se han levantado para defenderse, así como un municipio en Oaxaca (sur) y dos en el estado de México (centro). Todos en una región marcada por la pobreza y la inseguridad.

Esto desató fuertes pronunciamientos entre las fuerzas políticas y los gobernadores del país.

«Es una crisis de gobernabilidad, porque demuestra ausencia total de los cuerpos policíacos», dijo tajante Ernesto Cordero, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores e integrante del conservador Partido Acción Nacional (PAN), al considerar que los gobernadores estatales deben asumir su responsabilidad.

Uno de los políticos más influyentes del país, Manlio Fabio Beltrones, líder del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, dijo que si los gobernadores «no son capaces o suficientes para brindarles protección, seguridad y justicia» a sus comunidades «deberían de replantear el funcionamiento de su gobierno».

Los diputados deberían estar pensando en cómo dotar de más recursos a los gobiernos estatales para enfrentar la inseguridad, respondió el izquierdista gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, mientras que Fausto Vallejo(PRI), a la cabeza del estado de Michoacán, propuso que estas policías comunitarias sean legalizadas bajo esquemas de adiestramiento y dotación de equipos para sus elementos.

Una línea «muy tenue» con paramilitares

«Es fundamental reiterar el rechazo a la conformación de grupos de autodefensa», dijo de su lado Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El ombudsman expresó su preocupación por la «línea muy tenue (que hay) entre estas organizaciones de autodefensa y los grupos paramilitares».

«Es un nuevo foco de inseguridad que está viviendo el Estado mexicano, que puede escalar», reiteró Gerardo Rodríguez.

Muchas de las comunidades donde surgió el fenómeno tienen presencia de cárteles del narcotráfico, vinculados a la siembra y trasiego de droga, con una población que históricamente ha estado fuertemente armada y acostumbrada a convivir con las guerrillas surgidas en las décadas de 1970 y de 1990.

El artículo 17 de la Constitución mexicana establece que ninguna persona puede hacer justicia por sí misma, pero el modelo de la policía comunitaria surgió por primera vez en 1995 en un municipio indígena de la montaña de Guerrero, que justificó su existencia bajo la tradición de usos y costumbres, prevista en varias leyes estatales.

El ombudsman aclaró que los usos y costumbres operan únicamente para la resolución de conflictos internos de las comunidades indígenas y no pueden contravenir la Constitución.

Esta nueva alarma en México se da en el contexto de la lucha militarizada contra el narcotráfico y las disputas de los cárteles de la droga, que entre 2006 y 2012 dejaron más 70.000 muertos de acuerdo con cifras oficiales, y 25.000 desaparecidos, según la prensa y organizaciones civiles.