¿Qué opinión tiene sobre la modificación del Código Procesal Penal?

Desde antes de la puesta en vigencia del Código Procesal Penal, sectores de la sociedad se oponían a los cambios y evolución en los procedimientos de justicia, los disidentes se han mantenido constantes desde la propuesta misma de modernizar, democratizar y humanizar la justicia, a través de un código garantista, apegado a los principios constitucionales y acorde a los acuerdos internacionales. Pero nunca ha sido tan agresiva la oposición como ahora. Parte de los argumentos es la percepción social de que la criminalidad ha aumentado.

Lo cierto es que las razones reales están muy lejos de cuál normativa se aplique, pues nuestra cultura de incumplimiento, de anomia, es más que suficiente para demostrarlo. Analizando la situación general de nuestra organización política y social queda claro que los principales problemas dominicanos no están enfocados en faltas de leyes ni mucho menos de una reforma constitucional. Pero es indiscutible que han contribuido a esto el auge del narcotráfico, el microtráfico, el consumo de alcohol y el porte y uso de armas de fuego, así como otros fenómenos sociales complejos como la desintegración familiar, la crisis educativa, la falta de oportunidades, el auge de antivalores ligados al enriquecimiento ilícito, la corrupción y el crimen organizado. En el caso especifico de reformar el CPP, Ley 76-02, y del Código de Niños, Niñas y Adolescentes, ley 136-03, es equivocado pensar que una ley es la solución o la fórmula mágica a la criminalidad. Coincido con Finjus en que las leyes no previenen, intervienen y que esa no es la visión más correcta decir que el aumento en la criminalidad se debe a determinadas legislaciones.

La Comisión de Ejecución del Código (Conaej), conformada por los principales actores del sistema de justicia dominicano, entre ellos la Suprema Corte de Justicia, como el Ministerio Público y la Fundación Institucionalidad y Justicia resaltan que en corto tiempo el Código Procesal Penal ha mermado las preocupaciones de una sociedad que durante más de 120 años cargó con el peso de una justicia lenta, arbitraria, inhumana, inquisitoria y divorciada de los preceptos constitucionales y de los tratados y convenios internacionales que norman los derechos de las personas. Además la reducción de un 70 a 50% de los presos preventivos ha mejorado la rapidez de los procesos penales, el cumplimiento de los plazos, el respeto a los derechos fundamentales y el acceso a la justicia.

Si lo que se quiere es modificar, implementemos: la independencia del Ministerio Público, profesionalidad, capacitación de la Policía y definición de sus roles frente a las FFAA, tribunales idóneos, sistema eficaz de citación, reducir la rebeldía y la fuga de los imputados, eliminar el tráfico de influencia en la justicia y equidad de garantías en el principio de defensa.

Es imperativo el priorizar la constitucionalidad en nuestra vida social, redefinir la organización del Estado, revertir el concepto de pedazo de papel que nos han legado nuestros estadistas. Rescatemos la nación, la institucionalidad, la constitucionalidad, sin ello no alcanzaremos el sueño de nuestros fundadores y no se hará realidad el proyecto que todos y todas anhelamos de una República desarrollada y verdaderamente democrática. Dicho de otra manera: no puede existir un desarrollo económico sano y exitoso si la seguridad y los derechos no están garantizados.