Santo Domingo.-El gobierno hará cambios significativos en la organización del sector agua potable y saneamiento (APS) para elevar la oferta de agua a través de una drástica reducción del déficit, lo que implicará una disminución de las desigualdades regionales y por grupos sociales.
El anuncio fue hecho por el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), Isidoro Santana, al abrir la noche de este miércoles el Congreso Internacional sobre los Procesos de Reforma y Modernización del Sector Agua Potable y Saneamiento (APS).
El mismo reúne hasta este viernes a expertos de Colombia, Perú, Honduras, Bolivia, Paraguay, Argentina, República Dominicana y de organismos internacionales en el hotel Intercontinental de esta capital, informó la Unidad de Comunicaciones del MEPyD.
El funcionario dijo que esos cambios impactarán a su vez la demanda de agua de la economía nacional, afrontaránlos desafíos del cambio climático, reducirán la brecha de cobertura, se dispondrá de los recursos para cubrir más población rural, y se enfocará el mayor desafío actual, que son los barrios marginados urbanos.
“Considerando que en la República Dominicana hemos convivido en los últimos tiempos con una inversión en el sector que ronda el 0.3% del PIB, estamos planteando, como parte del Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2017-2020, llevar esta proporción al 1% del producto, más que triplicándolo”, anunció.
El congreso esorganizado por el Consejo Directivo para la Reforma y Modernización del Sector Agua Potable y Saneamiento que preside el Instituto Nacional de Aguas Potable y Alcantarillado(INAPA), representado por su titular, Horacio Mazara, quien dijo las palabras de bienvenida a los participantes.
También hablaron el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Francisco Domínguez Brito,y la ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino, quienes coincidieron en definir como de vida y salud para la población, los esfuerzosgubernamentales en el sector.
Una conferencia magistral fue pronunciada por el especialista del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Therry Delaunay, quien dio a conocer las experiencias recogidas en América Latina y el Caribe sobre las reformas y modernización en agua potable y saneamiento.
El consejo creado por decreto lo integran el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, los ministerio de Economía, de Salud Pública, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Turismo, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, las corporaciones de acueductos y alcantarillados de Santo Domingo, y los de Santiago, Moca, Puerto Plata, La Vega, La Romana y Boca Chica.
Mesa del Agua
En otro aspecto, Santana recordó que ese decreto instituyó la Mesa de Coordinación del Recurso Aguapara la elaboración y la aprobación de una estrategia integral del manejo del agua en el país.
Puntualizó que la misma tiene por mandato el ordenamiento jurídico e institucional del sector, incluida la redacción de unproyecto cuya aprobación daría al país una Ley General de Aguas y, en particular, la Ley de Aguas Potables y Saneamiento.
Manifestó la esperanza de que esas iniciativas sean conocidas por el Congreso, con el que dijo se trabaja de cerca este año.Consideró que la sociedad debe empeñarse en encontrar vías para que el esfuerzo por vivir mejor y progresar sea en comunión con la naturaleza, auspiciando una nueva cultura del agua.
Recordó que según los organismos competentes una alta proporción de las consultas médicas en el país se originan en problemas vinculados con el acceso al agua, el vertido incontrolado de residuos sólidos, la inadecuada disposición de los recolectados por los ayuntamientos, las limitaciones de cobertura de los sistemas de alcantarillados sanitarios y pluviales, y la carencia del tratamiento de aguas residuales.
Observó que el actual modelo se caracteriza por centralizado, con fuerte componente de subsidios públicos, por confusiones de roles institucionales, servicios de baja calidad, asimetría entre los servicios de aguas potables y alcantarillados, y una relativa baja inversión en cobertura, en operación y mantenimiento.
Además deficiencias en las gestiones comerciales y financieras de los operadores, no vinculados al desempeño,y con gran dependencia del Gobierno Central, además de un régimen tarifario inadecuado.