La Cámara de Cuentas ha entregado a la Procuraduría General los resultados de una auditoría practicada a la Oficina Metropolitana de Servicios de Transporte (Omsa) en la que se revelan supuestas irregularidades en la contratación de compras y servicios, cuya naturaleza penal compete decidir al Ministerio Público.
En ese informe se señala que durante el periodo de investigación se efectuaron pagos por más de tres mil millones de pesos sin suscribir contratos con suplidores o prestadores de servicios y que se adjudicaron órdenes de compra por casi 32 millones de pesos en favor de empresas vinculadas a funcionarios de la Omsa.
La importancia de esa auditoría no solo radica en el descubrimiento de posibles anomalías, sino también por el caso del asesinato del abogado Yuniol Ramírez, del que se acusa a funcionarios de esa institución oficial, por lo que ese documento sería invocado en el juicio de fondo contra los imputados.
Es posible que los hallazgos que afloren en esa investigación contable tengan méritos suficientes para que las autoridades acusen formalmente a funcionarios actuales o antiguos de esa empresa de transporte público, de prevaricación o cohecho, aunque resulta prudente adelantar juicios sobre si hubo o no la comisión de dolo.
Lo que ha quedado demostrado en esa auditoria es que la Omsa es un monumento al desorden administrativo y que durante el periodo que abarca esa investigación se violaron todos los procedimientos de ley relacionados con políticas de compras y contrataciones.
Lo revelado en esa indagatoria obliga al Ministerio Público a iniciar una investigación alterna al expediente sobre el asesinato del abogado Ramírez, para determinar un posible caso de corrupción administrativa por decenas de millones de pesos, que involucraría a funcionarios de la Omsa.
Esa oficina de servicios de autobuses se erige como elemento esencial en la iniciativa que emprende el Gobierno para modernizar el servicio de transporte público, por lo que urge que sea intervenida de manera radical y total para extirpar todos los nódulos cancerosos de corrupción y convertirla en una eficiente agencia al servicio de la ciudadanía.
Sin adelantar juicios ni prejuicios, se reclama que la Procuraduría General cumpla cabalmente con su rol para determinar si los resultados de esa auditoría reúnen méritos suficientes para someter a la justicia y procurar condenas ejemplares contra quienes resulten imputados por corrupción.
