Mientras escribía estas líneas, nuevos hechos delictivos eran publicados por la prensa, esta vez, un joven en San Carlos que se resistió al robo de su motocicleta, recibió un disparo que le causó la muerte. Historias como estas ocurren de forma cotidiana, cada día con mayor frecuencia, provocando que la percepción de inseguridad y miedo se justifique por la realidad imperante.
Todas las encuestas indican que la delincuencia, unida a la inseguridad ciudadana, es uno de nuestros principales problemas, sin que el PLD, en diez años consecutivos de gobierno, pueda exhibir un solo indicador que demuestre eficiencia en seguridad ciudadana. Cada día, la delincuencia le gana la batalla al gobierno.
Solo en Santiago, en los primeros seis meses de este año, han asesinado a 110 personas, en su mayoría casos en los que han sido atracados para quitarles su celular o una computadora. A eso ha llegado el precio de la vida, al de un artefacto tecnológico que por lo demás evidencia que no es el crimen organizado, sino la delincuencia común con la que el Gobierno nada ha podido hacer.
El Jefe de la Policía se mantuvo durante meses diciendo que era más percepción que realidad; el Gobierno en marzo de 2013 anunció un Plan de Seguridad Ciudadana, cuyos nefastos resultados están a la vista. Las últimas encuestas, como la Gallup-Hoy, reveló que el 66.95% de las personas dice que es la delincuencia el principal problema. La respuesta oficial, entre supuesta mera percepción, planes fallidos y el silencio gubernamental, deja un espacio mínimo para esperar que esta problemática se resuelva.
Para ganarle la batalla a la delincuencia, se requiere voluntad política para emprender cambios profundos en las instituciones involucradas en la seguridad ciudadana. Es lo que ha planteado Luis Abinader, en cuyo discurso de proclamación como Candidato Presidencial del PRM, asumió como prioridad, llevar a cabo un plan nacional de seguridad ciudadana que recupere la paz y la tranquilidad en los hogares dominicanos. Además, se aumentará el salario mínimo de los miembros de la Policía Nacional a quinientos dólares mensuales, para que quienes están encargados de proteger a los ciudadanos lo hagan con dignidad.
