La Junta Central Electoral (JCE) conminó ayer a dirigentes políticos y personas con aspiraciones a ser candidatos, a suspender en un plazo de cinco días toda actividad proselitista por ser extemporánea y fuera de toda previsión legal.

El organismo de elecciones ha hecho bien en desalentar el destape de una campaña electoral a destiempo que ha arrancado con siete aspirantes presidenciales del partido de Gobierno y dos de oposición, de un extenso listado de gente que cree que por madrugar amanece más temprano.

Es claro que la JCE no tiene facultad para impedir que los ciudadanos ejerzan sus derechos constitucionales a reunirse sin permiso previo o a expresarse libremente, pero sí a regular el inicio y término de la campaña electoral, de conformidad con la ley.

Quienes aspiran o promueven candidaturas para las elecciones de 2020 pueden realizar sus actividades proselitistas en locales cerrados, sin necesidad de realizar caravanas, colocar vallas de promoción electoral o patrocinar campañas publicitarias por medios electrónicos o audiovisuales.

Gobierno, clase política y fuerzas productivas están abocados a aprovechar el tiempo en discutir, consensuar e impulsar políticas e iniciativas públicas asociadas al crecimiento de la economía y a la promoción de equidad social, en el entendido de que no es el tiempo para abrir el circo electoral.

A una sociedad agobiada por el estrés del escándalo Odebrecht, del auge de la delincuencia, criminalidad, feminicidios, del agravamiento de la crisis en el partido oficial y del empantanamiento de la Ley de Partidos, no debería ser flagelada con el intempestivo brote de una campaña electoral tempranera.

La JCE está compelida a garantizar y resguardar derechos sustantivos de los partidos y personas físicas a realizar sin ningún tipo de cortapisa actividades políticas en todo el territorio nacional, sin que se incurra en caravanas, marchas o se utilicen vallas o despliegue de propaganda en favor de candidatos en la vía pública.

Como lo que es igual no confiere ventaja, esa resolución de la JCE debe ser acatada por el Gobierno y todos los partidos, en el entendido de que este no es el tiempo de proselitismo, sino de trabajar intensamente en el abordaje y solución de los graves problemas que agobian a la población dominicana.