Un estudio elaborado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, juntamente con el Banco Mundial, recomienda aumentar el costo de la energía eléctrica en un 20 por ciento, proteger a los que consumen menos y aplicar un mecanismo flexible para la fijación de precios, lo que significaría manos sueltas para aplicar nuevos aumentos.

En ese informe se sugiere además aplicar lo que se denomina tarifa técnica, lo que se traduce en un incremento agregado, pues de lo que se trata es de aplicar el aumento de la inflación acumulada en el recibo de luz.

En 2011, el Gobierno prefirió interrumpir un acuerdo Stand by con el Fondo Monetario Internacional (FMI) antes que aumentar la tarifa eléctrica en un 17% como reclamaban ese gendarme y el Banco Mundial. Las razones para esa negativa fueron entonces estrictamente políticas, pues se entendía que una medida de esa naturaleza perjudicaría al candidato del partido oficial que finalmente ganó las elecciones de 2012.

En lo que se ha publicado del contenido de ese documento no se menciona como parte del recetario para lograr la sostenibilidad financiera del sector eléctrico la revisión de los contratos que amparan la operación de empresas generadoras, definidos como viles o leoninos, ni la fórmula de cálculo del precio del kilovatio hora, entre otras medidas de saneamiento.

Tampoco se propone un plan en firme para incrementar de manera sostenida el número de consumidores que paguen por el servicio, a los fines de que se ponga término al subsidio cruzado que se aplica en la tarifa eléctrica, mediante el cual se carga a la clase media el pago por los que no pagan.

Aunque en ese estudio se admite que la deficiencia del sector eléctrico ha generado un grave problema fiscal, al punto que las transferencias presupuestarias a la Corporación de Empresas Eléctricas (CDEEE) representan el diez por ciento del gasto primario, se pretende que los consumidores carguen de manera casi exclusiva con las consecuencias de esa falta.

Tal parece que los organismos multilaterales han impuesto su fórmula para afrontar la crisis del sector eléctrico basada en aumentar en un 20% la tarifa eléctrica, que además será indexada, liberados los trámites para nuevos aumentos y para que el costo sea mayor se aplicaría el concepto de tarifa técnica, que no es más que una manera para obligar a que sector productivo y clase media paguen los platos rotos.

No se objeta que en las opciones para afrontar el gravísimo problema del déficit del sector eléctrico se incluya un aumento moderado de tarifa, pero el Gobierno no debería caer en la celada que le ha sido puesta por organismos internacionales con la anuencia de Guacanagarix locales, basada en castigar al consumidor que paga, sin revisar contratos ni enderezar entuertos por el lado de la generación y comercialización de energía eléctrica. Así no.