La violencia es una realidad social que llegó como para perpetuarse. El país está siendo embestido por el incremento de una ola de violencia y de criminalidad que, lejos de disminuir, tiende a ser más asidua, severa e indiscriminada, situación que acentúa y acelera la cultura de pánico y sobresalto. Violencia intrafamiliar, violaciones sexuales, feminicidios, asesinatos, robos, atracos, asaltos y secuestros, nos arropan. Hay que insistir en iniciativas que ataquen las causas que generan estas acciones.
La sociedad política dominicana, sociedad civil, las iglesias, profesionales de la conducta, y analistas de la realidad social, han tratado este asunto con suficiente argumentación y espíritu propositivo, y han llegado a la misma conclusión frente a esta la realidad objetiva. A pesar de eso, las autoridades intentan buscar freno mediante la militarización en determinados sectores de la sociedad, a sabiendas de que esto es un impacto momentáneo que solo provoca en algunos delincuentes la variación de su modo de operar.
Para saber si el mal se está atacando en su raíz, preguntémonos cuáles acciones, en serio ha visto el país a los fines de llevar a las cárceles a los corruptos y desfalcadores del Estado, o por lo menos separarlos del cargo e investigarlos? ¿Qué se está haciendo para aumentar las fuentes de trabajo? En mayo, cuando se dio a conocer el resultado de la negociación con la minera Barrick Gold, pensé que de tales recursos ojalá se tomaran como modelo dos sectores de alta marginación social para hacerles industrias que generen empleos directos e indirectos, en condiciones salariales decentes, y luego evaluar, el comportamiento de las personas que anteriormente no tenían, honradamente, formas productivas de utilizar en tiempo.
Las instituciones prefieren tomar los hechos por el lado de menor compromiso, engañándose a si mismas, y pretendiendo engañar a la ciudadanía. En los sectores de poder hay registro de muchos tipos de delito. Este grupo tiene la ventura de que contra él no se ordena persecución, más bien tienen a su favor un núcleo de profesionales de la palabra oral y escrita que viven asumiendo su defensa y justificando lo injustificable.
Quienes se han enriquecido con los recursos del poder, no sienten temor de que les caiga el peso de la justicia, y tienen razón. Últimamente ha salido a la superficie de las decisiones judiciales una oportuna figura jurídica llamada cierre definitivo del archivo la cual, por los casos más sonados, guarda en sus resquicios un favor a la una impunidad. Quienes administran justicia olvidan que en la sabiduría ciudadana, aunque no maneje los temas del Derecho, se arraiga la percepción de que se está encubriendo un acto indebido, y que con ello se alimentan otras visiones y actitudes que se activan en los sectores medios y populares que se ven libres de freno para cometer iguales o peores delitos, pues a lo mejor sus expedientes van a ser definitivamente archivados.
