Tras haberla desvinculado de cualquier sospecha e incluso rehusar revelar el nombre para no afectar su imagen, ahora resulta que la unidad antilavado de activos de la Procuraduría General de la República ha solicitado medidas de coerción contra la presentadora de televisión en cuyo vehículo fueron encontrados 313 mil 500 dólares procedentes del narcotráfico, en diciembre de 2012. La petición es contradictoria y, como tal, se presta a conjeturas.

La ligereza es obvia. Y, de no ser apresurada, entonces pudo haber sido interesada la exoneración de antemano de algún vínculo con la presunta red de narcotraficantes colombianos, venezolanos y dominicanos a que, según las propias autoridades, pertenecía el dinero encontrado en el vehículo de Angie Patricia Almonte Rojas. Puede deducirse que, por su linda cara o las razones que fueren, había deseo de protegerla.

El dilema nada tiene que ver con el principio universal de la presunción de inocencia. Lo contradictorio es que el Ministerio Público fundamente en los supuestos vínculos de la presentadora con el narcotráfico, después de absolverla a través de una inusual decisión, la solicitud contra ella de una garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica ante las autoridades judiciales como medidas de coerción.

Pese a que el procurador Francisco Domínguez Brito comparó los de Quirino Ernesto Paulino Castillo y José David Figueroa Agosto el cártel con que se ha vinculado a la presentadora de televisión, no ha dejado de contribuir a alimentar conjeturas al señalar, como si le sacara el cuerpo, que en su momento hablará del caso. Es posible que con el sometimiento entienda que ya no tenga que hacerlo, pero no es así. Siquiera por respeto a la opinión pública deberían aclararse los yerros que han marcado el caso.

La presentadora de televisión, de quien no se tiene mayor información, ha admitido que el dinero estaba en su vehículo, pero ha responsabilizado de la colocación a una amiga, la colombiana Ginaliz Quintero Flores, con quien almorzaba en un restaurante de la avenida Anacaona cuando fue confiscado por agentes del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI). Se disculpó con la confesión de que para ella ha sido un duro golpe.

Pero el asunto está en que desde diciembre a la fecha la unidad antilavado de activos de la Procuraduría General de la República tenía tiempo más que suficiente para una investigación que aclarara todo lo relativo al caso. Sin embargo, se ha entrampado al exonerarla primero, con la omisión hasta de su nombre para no dañar su imagen, en contraste con la tradición, y ahora imputarla. Y quien ofreció la información no puede, como se estilaba en el pasado, alegar que lo malinterpretaron.

Para más conjeturas, con las medidas de coerción contra la presentadora se ha sido bastante considerado. En casos como el suyo suele pedirse prisión, y más todavía tratándose de una red que en poderío, según el procurador Domínguez Brito, se equipara a las organizaciones lideradas por los legendarios Figueroa Agosto y Paulino Castillo.