La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) fue apoderada de una instancia por violación al derecho de propiedad en perjuicio de uno de los afectados por las decisiones judiciales que envuelven terrenos turísticos en Enriquillo y Pedernales.
De inmediato, la instancia de la OEA le dio ingreso al reclamo del ingeniero Manuel Carvajal Sánchez, quien presentó el caso en un escrito detallado por intermedio de su abogado, Héctor Rafael Tapia Acosta.
La demanda contra el Estado dominicano fue encaminada en Washington a través de Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH, quien comunicó a Carvajal Sánchez que la misma se encuentra en la etapa inicial del análisis correspondiente para proceder a tomar una decisión.
Carvajal invoca en la demanda su calidad de tercero adquiriente de buena fe de las parcelas 215-A-47, 215-A-48 y 215-A-65 del distrito catastral 3 de Enriquillo, cuyos títulos de propiedad han sido anulados por supuestamente haber sido registrados de manera fraudulenta.
Señala que al adquirir los terrenos se pudo comprobar que los mismos no tenían ningún tipo de oposición a transferencia “y teniendo este documento la garantía del Estado, hace innecesario que se examinen libros de registros, y no se puede presumir la existencia de un concierto fraudulento, por lo que la presunción de adquiriente de buena fe se impone”.
