El mayor obstáculo que confronta la economía dominicana para el crecimiento pleno ha sido el inmediatismo y la improvisación que se asume desde el Estado y Gobierno y la carencia de consenso real entre poderes públicos, sector productivo y sociedad para acometer una efectiva agenda de desarrollo.

A pesar de que hace tiempo se aprobó una Estrategia Nacional de Desarrollo, que conllevaría planificar todas las políticas públicas por 30 años, la verdad es que aquí se vive de lo comido por lo servido, sin que generaciones presentes entiendan su compromiso de entregar un país saneado y próspero a hijos y nietos.

En 2001 se firmó el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos (DRCafta) y un lustro antes se concertaron acuerdos similares con Centroamérica y la Caricom pero, transcurridos más de 15 años, no se aplican medidas o políticas para aprovechar esos esquemas. Hoy el intercambio comercial con esos destinos es deficitario para la economía dominicana.

El otro ejemplo de imprevisión se refiere al subsector eléctrico, que por más de medio siglo se erige como un servicio caro, deficiente y deficitario, que el Estado quiso aliviar decenios atrás con la contratación de generadores independientes mediante negociaciones leoninas que han significado dilatadas hemorragias financieras.

La crisis eléctrica se ha recrudecido al punto que el Gobierno debe realizar transferencias presupuestarias anuales por más de mil 500 millones de dólares para conjurar déficit de una industria eléctrica hipertrofiada, de cuya operación el Estado siempre pierde y los generadores eternamente ganan.

Ante una situación al borde del colapso, el Gobierno ha tenido que embarcarse en un proyecto de construcción de dos plantas a carbón para generar unos 700 megavatios, con el propósito de intentar revertir la matriz del combustible usado para generar electricidad. El problema ahora es que esa iniciativa conlleva un endeudamiento por más de dos mil millones de dólares.

El Gobierno cumple cabalmente con la ley del 4% para la educación, al consignar en el Presupuesto General del Estado 117 mil millones de pesos para ese sector, pero no está claro si los programas de relanzamiento curricular y capacitación magisterial marchan con la misma rapidez que la construcción de aulas escolares.

Este es el día y la hora cuando todavía Gobierno ni sector privado se ponen de acuerdo para recomponer una oferta exportable, relanzar el comercio exterior o definir una política minera que garantice inversión extranjera y preservación del medio ambiente. Los calmantes ya no surten efecto, se requiere de cirugía.