La veda a las importaciones de aves, huevos y carnes desde República Dominicana ha sido una constante del Gobierno haitiano cada vez que del lado este de la isla se menciona con o sin razón la presencia de algún brote epidemiológico que la mayoría de las veces nada tiene que ver con la sanidad de esos productos.

En esta ocasión, las autoridades haitianas prohibieron el ingreso a su territorio de pollos y huevos bajo el alegato de que aquí se desató una epidemia de fiebre aviar, cuestión que ha sido desmentida por la Oficina Panamericana de la Salud, cuya representante reveló que Puerto Príncipe no consultó ni notificó a ese organismo antes de adoptar esa medida.

Falta imputable a las autoridades dominicanas ha sido no disponer de un módulo o política comunicacional para cada situación de eventos epidemiológicos para evitar alarma en la ciudadanía o que foráneos se aprovechen de un estado de confusión para imponer prácticas desleales de comercio.

Haití está en su derecho de permitir o prohibir importaciones de productos que considere perjudican a sus ciudadanos, pero esa nación está en deber de cumplir con inviolables protocolos de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y con elementales reglas diplomáticas de cortesía para con sus vecinos.

El virus que se ha detectado en territorio dominicano es del tipo H1N1, (h, hemaglutinina; n, neuraminidasa) que es el menos agresivo del género influenza virus A, que incluye varios virus clasificados A, B o C. Los subtipos H5 y H7 son los causantes de enfermedad sistémica extremadamente contagiosa, tipificada como fiebre o influenza aviar, no están presentes aquí.

Cuando Haití fue azotado en 2010 por la epidemia del cólera que causó más de ocho mil muertos, las autoridades dominicanas no cerraron herméticamente la frontera, sino que aplicaron un rígido programa sanitario para minimizar los daños en territorio nacional, al tiempo que habilitó hospitales para socorrer a pacientes haitianos.

En ningún modo se objeta que el Gobierno haitiano procure resguardar su ámbito sanitario, pero se objeta que se reedite una prohibición a importaciones de aves y huevo sobre bases inexactas o, peor aún, sin procurar información fiable a través de organismos internacionales como la Oficina Panamericana de la Salud o la Organización Mundial de la Salud.

Esta repetida experiencia debería servir a autoridades y sector productivo nacional para consolidar programas que garanticen amplios estándares de calidad, sanidad e inocuidad de los productos de consumo local, y de los que conforman la oferta exportable. Lo sucedido ha sido en gran manera por falta imputable al lado dominicano.