Es a los funcionarios a quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes, antes y después de haber finalizado sus funciones o a requerimiento de las autoridades competentes, dice la Constitución. ¿A cuántos, me pregunto, el Ministerio Público, ha requerido para que muestren el origen de sus bienes? ¡A nadie! ¿A cuántos ha investigado? ¡A ninguno!

El caso de un ministro que, a los 38 años de edad dice tener, sin que se le conozca abolengo, ni una herencia, más de cien millones de pesos. ¿Le preguntó alguien como los obtuvo? ¡No! El otro que al llegar al ministerio dijo tener más de cien millones. Luego, cuando salió juró hasta por su madre que aumentó su fortuna en más de 500 millones de pesos. ¿Le preguntó alguien como logró tal milagro? ¡No! El otro, que vivía en una pensión miserable que apenas podía pagar. Llegó al gobierno y poco después es considerado dueño del país con mansiones aquí y en el extranjero, una fundación, más de un helicóptero, un avión jets de 24 pasajeros, inversiones millonarias en Haití, Panamás y otros países donde patrocina incluso campañas electorales. ¿Le preguntó el Ministerio Público como convirtió el agua en vino como si fuera Dios? ¡No!

Podría citar muchos otros casos, incluso de algunos que han pasado por la presidencia y vicepresidencia de la República, sobre todo el último que de Villa Juana y el exilio económico en Estados Unidos es uno de los hombres más poderosos del país y de la región centroamericana y caribeña.

No hay fortunas lícitas entre la mayoría de los políticos. Y esa vaina todo el mundo lo sabe. Pero nadie dice, ni hace nada. ¡Ah, los capos de la política dominicana que tienen suerte! ¡Impunidad total para ellos! ¡Impunidad total!