El Senado convirtió ayer en ley el paquete tributario que procura cubrir un déficit fiscal de más de nueve mil 500 millones de pesos, sin que valieran súplicas de la población para no cargar con tan pesada cruz, ni de sectores empresariales para que los excluyeran del viacrucis.
Ese ramillete impositivo que incluye el incremento de 27 a 29 por ciento al Impuesto Sobre la Renta, un tributo de 2.5% a las ventas locales de zonas francas, entre otras cargas fiscales, presionará aún más un nivel inflacionario que ya es carga pesada para el magro presupuesto familiar.
La Asociación de Zonas Francas ha advertido que el gravamen sobre sus ventas locales provocaría miles de despidos, advertencia repetida por operadores de bancas de apuestas, lo que ofrece una muestra del impacto negativo que ese paquete fiscal puede tener sobre el empleo, inflación y actividades productivas.
Se sabe que la obligación de cubrir ese sobregiro fiscal en el presupuesto 2011 constituye una condición innegociable del Fondo Monetario Internacional para suscribir una nueva Carta de Intención con el Gobierno dominicano, pero es menester insistir en que no han sido suficientes las previsiones que aplicaron las autoridades por el lado del Gasto Público.
Sin que Gobierno, clase política y sector productivo asuman el compromiso de diseñar y aplicar en el corto plazo una reforma integral a la par con otro acuerdo que garantice óptima calidad en la Ley de Gastos Públicos, la población tendrá que prepararse para el próximo parche tributario.
Esta vez, se pretende justificar la reforma fiscal en el hecho de que se incrementaron los precios del petróleo, pero antes se argumentó bajas en las exportaciones y más antes se alegó reducción de ingresos, por lo que es previsible que el actual o el Gobierno que sigue tendrá su propia justificación para otro paquetazo.
En vez de pretender usar ilegítimas cuotas de poder, indebidas influencias o presiones indecorosas para impedir que esos oleajes de impuestos se los lleven por delante, los sectores productivos, junto a la sociedad organizada deberían impulsar una cruzada por un ejercicio presupuestal pulcro basado en ingresos tributarios sostenido en la rentabilidad y la riqueza y no en la penalización del salario y el consumo básico.
Como ha sido costumbre, la población y los sectores de menores ingresos tendrán que tomar la dosis de acíbar que significa el nuevo paquetazo fiscal, pero hay que entender que nada es para siempre y que lo injusto hasta Dios lo ve.