El presidente de la Junta Central Electoral (JCE) reveló que un informe técnico elaborado por el Departamento de Informática de la institución aconseja no utilizar en las elecciones de 2020 equipos de automatización que fueron adquiridos para los comicios de 2016 con una inversión de 39.7 millones de dólares.
Conforme a lo expuesto por el doctor Julio César Castaños Guzmán esos dispositivos electrónicos para la automatización del registro de concurrentes y escrutinios no están aptos para ser empleados en procesos futuros, lo que indica que casi dos mil millones de pesos serían tirados por la borda.
El informe de referencia señala que el desempeño de los equipos suplidos por la empresa española Indra fue muy pobre, ya que el 36% de los colegios electorales no pudo transmitir ningún dato y el 58% de los sufragios correspondientes al voto preferencial fue procesado de forma manual.
Se tenía entendido que el tipo de tecnología contratada por la JCE tendría vida productiva durante varios procesos electorales, por lo que sorprende la recomendación hecha por un departamento de la JCE que ha decretado su obsolescencia.
La proclamada invalidez de una inversión de casi 40 millones de dólares, hecha con dinero de los contribuyentes, requiere de mayores explicaciones de carácter técnico, administrativo y procesal, sin que se incurra en prejuicio o en salidas filisteas.
La empresa suplidora debería ofrecer algún tipo de informe o valoración técnica que ayude a esclarecer el porqué de tan pronta obsolescencia o de si es posible su reuso con algunas actualizaciones tecnológicas o si en el contrato con la JCE se estableció fecha de caducidad.
No resulta prudente adelantar juicios conclusivos sobre un tema que requiere de mayores aportes en términos técnico y contractual, por lo que sería preferible esperar a que anteriores autoridades de la JCE y empresa suplidora ofrezcan sus versiones en torno a la calidad de los equipos contratados y la posibilidad de que puedan servir para futuros comicios.
Por lo pronto, es conveniente advertir que una inversión de casi 40 millones de dólares provenientes del erario requiere que todos los intervinientes en ese proceso de expliquen todo lo que tengan que explicar.