México, (EFE).- El Gobierno de México pidió hoy disculpas a la periodista Lydia Cacho al reconocer que se violaron sus derechos humanos cuando fue agredida en el año 2005 tras denunciar una red de pederastas ligada a empresarios y gobernantes, un hecho que quedó impune.
“Estamos aquí siendo consecuentes como gobierno con nuestra historia, con las omisiones y errores del pasado, estamos aquí para ofrece disculpas a nombre del Estado mexicano a Lydia Cacho”, dijo la secretaría de Gobernación del país, Olga Sánchez Cordero.
La activista fue detenida en diciembre de 2005 por una decena de policías que, sin contar con orden de captura, la trasladaron de Cancún a Puebla en un vehículo propiedad del empresario de la industria textil José Kamel Nacif.
El empresario era uno de los principales señalados en el libro de investigación publicado por la periodista, “Los demonios del Edén”.
Durante el viaje por carretera de Cancún a Puebla, que duró más de 20 horas, Cacho fue torturada física y psicológicamente, además de sufrir tocamientos e insinuaciones sexuales y ser amenazada de muerte de manera verbal y física.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó en 2007 que no se violaron “de forma grave” las garantías individuales de Cacho y, después de 13 años de buscar justicia, solo se ha sentenciado a un policía por tortura y siguen libres los perpetradores e instigadores de las violaciones de derechos humanos.
Fue en 2018 cuando el Comité de los Derechos Humanos de la ONU aprobó un dictamen que declaró al Estado mexicano responsable de varias violaciones de derechos humanos en contra de Lydia Cacho y otorgaba 180 días para implementar las medidas correspondientes.
Hoy, el Gobierno mexicano reconoció públicamente su fallo y Sánchez Cordero aprovechó para garantizar que no se consentirá que ocurran este tipo de cosas en la administración actual.
“Reiterar que el Gobierno de la república de Andrés Manuel López Obrador no estará supeditado a intereses particulares, que el poder político y el poder publico no estarán subordinados al poder económico”, aseguró.
Además, indicó que la función del Gobierno será proteger “a los que con su pluma o con su voz denuncien cuando la dignidad humana corra peligro o cuando el silencio sea cómplice de la injusticia”.
El representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR), Jesús Peña Palacios, destacó que el caso “ilustra de manera muy evidente cómo diferentes poderes se articulan para evitar que por un lado personas defensoras de derechos humanos y periodistas puedan ejercer su libertad de expresión”.
Asimismo, reconoció que también este tipo de casos evitan que “la ciudadanía conozca situaciones de gran interés público”.
Por su parte, Cacho consideró que esta disculpa es “solo el primer paso de la reparación integral” y exigió juicio para “todos y cada uno de los autores intelectuales” del suceso acontecido hace 14 años.
“Si las mujeres como yo nos hemos jugado la vida por los derechos humanos, por atrevernos a revelar la verdad, lo menos que esperamos de quienes lideran este país es que tengan la mitad de la valentía y ética que hemos demostrado nosotras teniendo una milésima del poder que ustedes tienen hoy”, concluyó.
