Minou Tavárez se convirtió en la primera persona que, siendo candidata a la Presidencia de la República Dominicana, propone la despenalización de la marihuana. A medida que la ola de legalización se sigue esparciendo en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, era inevitable que el debate nos llegara a nosotros. Es un tema complejo y con muchas aristas que deben ser abordadas para su correcta implementación, pero es un logro que debemos agradecer a la Sra. Tavarez el que finalmente la conversación sea iniciada en la dimensión que merece.
Como bien nos debió haber enseñado la prohibición constitucional del consumo de alcohol ocurrida en Estados Unidos entre 1920 y 1933, y como hemos aprendido con la lucha contra las drogas de los últimos 30 años, las prohibiciones tienden a fomentar un mercado negro para la compra y venta de sustancias que se fortalecen en la clandestinidad, multiplican la delincuencia como daño colateral del negocio y resquiebran las instituciones gubernamentales con la corrupción.
Es importante destacar que la propuesta de la Sra. Tavarez se centró en la despenalización del consumo de marihuana, lo que es un mundo de diferencia de la legalización. La legalización supone la compra y venta abierta de un bien como parte más de las actividades en la economía, la despenalización solo implica que el consumo y tenencia de cannabis no implicaría delito alguno.
Personalmente entiendo que la despenalización es un paso positivo, pero insuficiente. En los países y Estados donde no se castiga el consumo si bien ocurren cambios positivos en los índices de encarcelación, la oferta se mantiene clandestina y por tanto el impacto es limitado.
La legalización por su lado saca de la clandestinidad la totalidad del negocio, reduce los índices de violencia relacionados al contrabando, facilita la atención de salud de los que desarrollen problemas por el consumo, permite el estudio científico de sus impactos, aminora significativamente los costos en el sistema de justicia y carcelario, y muy especialmente genera una cantidad significativa de recursos para el Estado.
No ha de sorprender que el giro dramático respecto de este tema en Estados Unidos esté generando un desplome importante en el negocio de los carteles mexicanos que han ido debilitándose por la pérdida de sus ingresos en la venta de cannabis.
Muchas preguntas necesarias deben surgir en el curso del debate, desde la posición de la República Dominicana frente sus compromisos internacionales en materia del tráfico de cannabis, hasta el tratamiento del negocio dentro de la economía y el sistema financiero. La ruta será larga y compleja, lo importante es que finalmente el tema ya venga hablándose. Gracias Sra. Tavarez por dar el valiente paso.