De manera reiterada, como el niño que aun sin tener condiciones para el deporte, por ser dueño del guante y la pelota impone sus caprichos, el PLD pretende ofender la inteligencia de los demás. La malcriadeza le sale bien por la ausencia absoluta de contrapesos y porque tantos aprovechados encuentran en las artimañas por retorcer el curso normal de los acontecimientos, las oportunidades mágicas para medrar.
Los proyectos de ley de partidos políticos y de régimen electoral constituyen el más reciente de los zarpazos que persiguen aniquilar las posibilidades de un fortalecimiento aun sea mínimo de la maltrecha institucionalidad dominicana.
Es cierto que se trata de algo boicoteado por todos los partidos que gobiernos han sido, pero nadie puede negar que el PLD tiene la primacía en la responsabilidad por disponer de una superioridad temporal al frente del Estado con predominio absoluto en el poder legislativo.
El mantenimiento de las actuales circunstancias es el escenario ideal para quienes en un país tan permisivo con el manejo de los recursos públicos controlan su administración, que equivale a decir que pueden hacer con ellos lo que más convenga a sus intereses.
Eso es lo que explica que todos, al disfrutar de las mieles del poder hacen lo indecible por eludir aquello que pueda significar una merma de ese placer alucinante.
Si en los últimos meses se ha activado el tema fue resultado de presiones de sectores que comprenden el riesgo que corre esta democracia de papel de continuarse celebrando certámenes electorales desprovistos de sentido de equidad, donde competir con quienes disponen del presupuesto nacional es algo tan quimérico como intentar caminar sobre las aguas del Mar Caribe.
El partido gobernante ha colocado, con motivos deleznables, conveniencias nacionales por debajo de luchas partidarias. En una primera actitud dio larga al asunto, beneficiándose de la ventaja competitiva que eso le proporciona. Cuando resultó imposible continuar evitándolo, inventó una comisión de abogados que resultaba fácil descubrir que tal recurso no pasaba de un ardid dilatorio.
La más reciente argucia ha sido simular desinterés del comité político para supuestamente dejar a los legisladores decidir en función de sus criterios. ¿Alguien sensato puede darle crédito a semejante patraña? ¿Puede suponerse que el más genuflexo de los congresos, de repente se independizará de las directrices aderezadas con cobre que “se imponen” desde Palacio? No habrá las leyes esperadas, o serán trajes a la medida del dueño del circo.
