POR: Orlando Gómez Torres
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El Congreso Nacional de la República Dominicana en vez de tratar de combatir la delincuencia asignando más recursos para la Procuraduría General de la República para destinarlos a la capacitación de fiscales o mejorar la capacidad investigativa de ese órgano, u optimizar la estructura y otorgar más recursos a la Policía Nacional para su profesionalización, ha optado, en cambio, dar un paso de cangrejo. No solo la modificación del Código Procesal Penal será inútil para reducir la delincuencia, sino que probablemente sirva de caldo de mayores injusticias contra personas inocentes, algo por lo cual el Estado dominicano ya se ha creado una no envidiable fama en el mundo.

La Procuraduría es la entidad llamada a encabezar y fijar las políticas de la persecución de la delincuencia en la República Dominicana. Para realizar este esfuerzo que involucra a miles de fiscales, Procuradores Adjuntos, abogados ayudantes y oficinas a lo largo de todo el territorio nacional, nuestro Congreso le aprobó para el 2014 la suma de RD$3,415,088,510. En contraste, la Cámara de Diputados que alberga menos de 200 diputados y, aparentemente, muchos ayudantes y secretarias en la mitad de un edificio en el Centro de los Héroes en el Distrito Nacional va a recibir RD3,816,958,046, o RD$401,869,536 más que al órgano encargado de la persecución de la delincuencia en todo el país.

Si sumamos al Senado, nuestro Congreso se aprobó un total de RD$5,742,737,170, lo que no solamente le pone por encima de lo asignado a la Procuraduría General, sino que adicionalmente a los RD$5,122,202,828 asignados al Poder Judicial.

El problema de la delincuencia en la República Dominicana no está en la flexibilidad o no de la prisión preventiva y mucho menos en la ahora lastimada presunción de inocencia, sino en la incapacidad del Ministerio Público de obtener sentencias definitivas en contra de una cantidad significativa de acusados por llevar expedientes mal instrumentados, la falta de logística en la Policía Nacional para mantener bajo observación los liberados bajo fianza o perseguir a los declarados en rebeldía, la carencia de laboratorios suficiente en adición a mayor personal capacitado para el procesamiento de evidencias, entre otros aspectos que ineludiblemente tienen su fundamento en falta de recursos para responder contra la delincuencia.

Más aún, la modificación del CPP no va a implicar un aumento en el número de condenas definitivas que es uno de los problemas medulares en la persecución, pero sí podría generar un crecimiento estrepitoso de la población en nuestras cárceles en condición de prisión preventiva poniendo fuerte presión sobre el modelo penitenciario y los recursos que este necesitaría para evitar un colapso.

Siempre he afirmado que el problema de la delincuencia no estaba en las sábanas y que una modificación del CPP implicaría dispararnos en el pie sin realmente atender a los asuntos que sí inciden en ese problema. Ahora que el Congreso ha decidido que la República Dominicana debe caminar para atrás como los cangrejos con esto, aprovecharé la oportunidad, si el Presidente promulga este adefesio, de recordarles lo equivocado que siempre estuvieron.