Sin hacer caso a rechazos, quejas y lamentos, el ministro de Obras Públicas ha advertido que en este mismo mes se aplicará el aumento de 30 a cien pesos para uso de los peajes de entrada y salida de la capital, una medida injusta y desproporcionada que impactará negativamente sobre la economía familiar.

Los puestos de peaje de las autopistas Duarte, Las Américas, Sánchez y 6 de Noviembre no son solo vías de paso hacia polos turísticos o hacia distantes destinos, sino el ir y venir de decenas de miles de personas desde sus hogares a sus puestos de trabajo o de estudio.
El ministro Gonzalo Castillo debería saber que una enorme masa laboral y estudiantil tiene su asiento familiar en comunidades o residenciales satélites como Haina, San Cristóbal, Guerra, San Luis, Villa Altagracia, La Caleta, Boca Chica y Baní, desde donde se trasladan cada día al Distrito Nacional.

Aumentar de 30 a cien pesos el pago de los peajes es una carga adicional insoportable para el magro presupuesto familiar, porque ese incremento se traduce además en alzas del transporte público y de artículos esenciales que se acarrean en camiones y patanas que deben tributar más de 300 pesos por cruzar por esos lugares.

El empresario Celso Marranzini ha ofrecido un buen ejemplo del drama que significa tan desproporcionado aumento, al señalar que constituye el 26 por ciento del salario mínimo que perciben miles de trabajadores que laboran en el municipio de Haina, pero viven en Santo Domingo.

Se admite que los recursos generados por los puestos de peaje son administrados por una fiducia creada por ley para uso exclusivo de mantenimiento, reparación y construcción de carreteras, pero se sabe también que una parte del impuesto a los combustibles está señalado para los mismos fines.

Ninguna razón se sostiene como buena y válida para disponer un incremento de más del 200 por ciento en los permisos para poder entrar o salir en vehículos al Distrito Nacional, sobre todo porque esa tasa o impuesto estrangula el presupuesto de clase media y trabajadores y presiona sobremanera al índice general de precios.

Por todo lo antes expuesto y por muchas razones más se reclama al Gobierno reconsiderar la medida que dispone un aumento de 30 a cien pesos en los peajes que administra Obras Publicas. Lo mucho hasta Dios lo ve.