El artículo 37 de la Constitución dominicana establece “la inviolabilidad de la vida desde la concepción hasta la muerte”, una absolutamente innecesaria definición puesta allí para que nuestros constituyentes hicieran alardes de su supuesta “cristiandad”, hoy es la excusa para mantener a la República Dominicana como uno de los apenas 6 países en todo el mundo con una prohibición total del aborto. La excusa es legalmente dudosa y el objetivo de la prohibición es social y económicamente absurdo. El Poder Ejecutivo, por fortuna, observó el Proyecto de Código Penal que pretendía perpetuar este motivo de vergüenza nacional, pero no luce claro cómo terminará esto ahora devuelto al Congreso. Es tiempo que como país dejemos de intentar tapar el sol con un dedo, y empecemos a establecer nuestras leyes amparadas en lo racional.

La inviolabilidad de la vida nunca es absoluta, incluyendo en la República Dominicana, ya que las leyes necesariamente deben prever atenuantes por peligro al ser propio o el peligro a la vida de terceros. Esto claramente se manifiesta diariamente en los actos de defensa propia, que son admitidos en nuestra legislación, y los actos en defensa de la vida de terceros, bajo el que operan nuestras fuerzas del orden todos los días, justo para preservar el derecho mismo de la inviolabilidad de la vida. Legalmente exigir de los individuos el sacrificio de su propio ser para la preservación de la vida de un tercero, no solo implica un atentado al principio constitucional que supuestamente se busca defender con la prohibición total del aborto, sino que adicionalmente atropella los principios de racionalidad, dignidad, integridad personal y al libre desarrollo de la personalidad contenidos también en nuestra Constitución.

El deseo de la mayoría de los que propugnan por la eliminación de la prohibición total del aborto se enfoca especialmente en permitir el aborto terapéutico. Este tipo de aborto es apenas una tímida aspiración que cuenta con bastante soporte en lo legal, social y económico, que bajo el esquema actual implica sanciones tanto para la madre que es rescatada de una posible muerte como para los doctores que le salven la vida. Una política racional del Estado propugnaría por dar la atención médica y psicológica a las mujeres que pasen por este tipo de circunstancias, que por lo general es traumática, en vez de privarles de su libertad.

Más aún poner en severo peligro o directamente sacrificar a una persona activa dentro de la sociedad para hacer el intento usualmente inútil de preservar la vida de un feto, tiene un impacto económico y social severo que se refleja continuamente en la alta tasa de mortandad materna de nuestro país, que no obstante mostrar avances en otras materias de la salud, persiste con niveles comparables al de Estados fallidos en ese aspecto, por pura necedad legislativa.

Ya basta de que en República Dominicana se hable de la igualdad de derechos de las mujeres, la protección frente a la violencia de género, y una tras otra campaña para concienzar sobre los feminicidios, cuando tenemos la cachaza de tener un Estado que legalmente condena a morir a centenares mujeres todos los años prohibiéndoles terminar un embarazo de alto riesgo. Nunca entenderé con qué cara es que se vienen acusando a montones de hombres por sus malos tratos a las mujeres, cuando el mismo Estado se comporta diariamente como cualquier hombrecito celoso con el ego lastimado.