SANTO DOMINGO.- El secretario de transporte del Partido Reformista Social Cristiano, Marío Díaz denunció hoy que la Procuraduría General de la República (PGR), ha utilizado supuestamente desde de febrero del año 2017 hasta la fecha, la totalidad de los recursos provenientes de las multas de tránsito en violación a la ley 63-17 de Tránsito y Transporte Terrestre.
Agregó que de acuerdo al artículo 298 de la citada pieza, sólo el 75 por ciento de los recursos recaudados por el pago de las multas, pertenecen a la PGR y que el restante 25 por ciento, sería utilizado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) para la aplicación de la Ley 63-17, en beneficio de los usuarios y operadores del servicio del transporte público de pasajeros.
Señaló que, además, el artículo 360 de la Ley 63-17 deroga la ley número 12-07 del 24 de enero del año 2007, que en su artículo número 3 creó un fondo especial con los recursos provenientes de las multas, para la aplicación del Nuevo Modelo Penitenciario, a cargo de la Procuraduría.
“Son recursos millonarios, estamos hablando de cientos de millones de pesos, que la Procuraduría utiliza en violación de la Ley de Tránsito 63-17. Lo que pedimos es que los recursos que corresponden al Intrant sean entregados y que los recursos vayan en beneficios de transportistas y usuarios de los servicios de transporte”, sostuvo.
Díaz dijo que a través de la Compañía Nacional de Chóferes y Trabajadores del Transporte Social Cristianos (CONACHOTTRANSC) solicitaron a la Procuraduría sobre el uso que da a los recursos provenientes de las multas ” lo que ellos respondieron que los fondos son destinados a la restauración de centros penitenciarios, y esto viola la ley de Tránsito que ya estos recursos no son para esos fines”.
Lamentó que mientras esto ocurre el 25 por ciento de los recursos que generan las multas no se entregan al Intrant que es la institución que lo manejaría en favor de choferes, usuarios del transporte público y transporte de cargas.
“Esos recursos que se utilizan ilegalmente para supuestamente mejorar el sistema penitenciario, debían ser destinados para mejorar las flotillas de los vehículos de los choferes que diariamente ofrecen servicio a la población”, consideró.
Añadió el dirigente sindical que “estamos en un país donde muchos funcionarios se hacen los sordos, ellos saben que están violando la ley, pero por más que uno denuncia y exige transparencia no responden, y como se sabe no es que los sectores representativos no hagamos nuestro trabajo, lo hacemos, pero ellos se hacen los desentendidos”.
