El Nacional
El senador perredeísta Jesús Vásquez Martínez dijo hoy que la Cámara de Diputados debe someter a un juicio político al senador peledeísta por San Pedro de Macorís, Alejandro Williams, por el hostigamiento a cuatro periodistas que se hicieron eco de la versión de que él estaría implicado en una estafa al Medicaid de Estados Unidos.
Vásquez Martínez calificó de sumamente grave la acusación contra Williams por parte de las periodistas Margarita Cordero, María Isabel Soldevilla, Norma Sheppard y Mayra la Paz contra Williams.
Opinó que es inconcebible que Williams utilice sus personeros haciéndose pasar como miembros del FBI, como denunciaron esas comunicadoras, para presionarlas para que les dijeran de dónde obtuvieron la versión de que estaría siendo investigado por estafa al Medicaid.
Manifestó que la situación se agrava con la negativa de Williams de asistir a una invitación de la Comisión de Etica del Senado, que preside Wilton Guerrero, para explicar su situación.
Como se ha negado a conversar con sus propios compañeros de partido, creo que lo correcto sería que la Cámara de Diputados lo procese y quizás allí quiera hablar, subrayó el senador por María Trinidad Sánchez.
El vocero del bloque de diputados reformistas, ingeniero Ramón Rogelio Genao, advirtió a Williams que si no renuncia del cargo sometería una resolución pidiendo que sea enjuiciado políticamente por mala conducta.
El senador Guerrero definió como una actitud demencial la negativa de Williams de acudir a una citación de la Comisión de Etica.
De acuerdo con Guerrero, Williams comunicó por intermedio de una de sus secretarias en Nueva York que no se presentaría a la reunión de mañana, porque la citación se le hizo por fax.
El senador del PLD Charlie Mariotti declaró recientemente que la actitud de Willams de no dar la cara a las acusaciones en su contra está provocando animadversión hacia él por parte de legisladores oficialistas.
El presidente de la Cámara de Diputados, licenciado Julio César Valentín, dijo en Nueva York que si Williams admitió haber contratado a una empresa privada de detectives para intimidar a cuatro periodistas, entiendo que es una falta que exige que la Comisión de Etica del Senado dé la respuesta que alienten a la República Dominicana de que nadie está por encima de la ley.
