Cámara de Cuentas, Contraloría General ni Dirección de Contrataciones Públicas pudieron prevenir, impedir, detectar o detener las serias irregularidades administrativas en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa) que afloraron en una auditoría gestionada por la Procuraduría General de la República.

Lo que es peor, esas instituciones de control y supervisión procuran evadir obvias responsabilidades por un colectivo descuido que permitió que en esa dependencia pública se dilapidaran más de tres mil millones de pesos en menos de cinco años.

Si no fuera por el asesinato del abogado Yuniol Ramírez, del que se imputa a funcionarios de la Omsa, por cuya expediente el Ministerio Público requirió una auditoría, la Cámara de Cuentas ni ninguna otra área de control estatal se habría enterado del desastre administrativo que afectaba a esa dependencia pública.

La Contraloría General alega que los incumplimientos o debilidades detectados en la auditoría de referencia no se corresponden con sus funciones, aunque sería de mucho provecho que su titular explique en cuales de sus prerrogativas se establece su obligación de impedir el mal uso o dilapidación de fondos públicos.

La directora de Contrataciones Públicas afirma que en la Omsa se realizaron contratos amparados en una resolución emitida en 2008 y no en la ley que tutela esa dependencia, lo que no justifica asumir el papel de Poncio Pilato, porque su deber es supervisar el uso de normativas legales en las compras y contrataciones que realicen entidades oficiales.

No han sido tres centavos, sino miles de millones de pesos los que se han ido por un barranco de irregularidades en la Omsa y posible cohecho, por lo que resulta imperdonable la imprevisión o negligencia mostrada por organismos de previsión, control o supervisión administrativo.

Lo que se reclama es que la Cámara de Cuentas observe un comportamiento pro activo en la realización de auditorías en instituciones oficiales o descentralizadas, sin importar si el rumor público los sitúa como antros de corrupción o como templos de pulcritud.

No se aceptan los argumentos jurídicos o administrativos expuestos por la Contraloría General ni por la Dirección de Contrataciones Públicas, porque el desastre ocurrido en la Omsa es también falta imputable a su imprevisión o negligencia.