¿Aló? ¿Banco Central?

La negativa del presidente del Banco Central de Argentina de acatar unas instrucciones del Poder Ejecutivo destinadas a separar 6 mil 500 millones de dólares de las reservas internacionales para el pago de la deuda externa constituye un precedente peligroso para la institucionalidad regional.

La presidenta Cristina Fernández dispuso entonces la cancelación del desafiante funcionario bancario, al amparo de lo consignado en los artículos 7 y 9 de la Ley 24.1444, Carta Orgánica del Banco Central de la República de Argentina (B.C.R.A). No obstante, Martín Redrado insistía: No renuncio ni renunciaré.

Ante las contradicciones existentes entre el máximo funcionario del Banco Central y la titular del Poder Ejecutivo de Argentina se ha levantado todo una polémica sobre el significado de la autonomía de los bancos centrales.

Dentro de la óptica económica neoliberal y la agenda de los organismos crediticios multilaterales, en connivencia con los grandes centros de decisiones de los poderes financieros globales, el Estado no debe intervenir en la llamada autonomía de los bancos centrales.

La actual crisis económica mundial se ha encargado de echar por tierra el postulado de automarginación del Estado en los asuntos económicos.

Los bancos centrales de los países desarrollados destinaron más de 1,5 billones de millones de dólares para salvar de la quiebra a banqueros y entidades financieras privadas.

Cierto es que el objetivo del Banco Central es contribuir al crecimiento económico y al bienestar social a través del control de la inflación y los precios internos, lo que pasa por la puesta en práctica de una política monetaria prudente que mida el control del dinero y su costo a través de las tasas de interés.

Pero, ¿cómo sustraer al gobierno de su responsabilidad económica y social en el oportuno uso de las reservas internacionales depositadas en las bóvedas del Banco Central?

¿Debe ese dinero permanecer devaluándose en las arcas del Banco Central y de bancos extranjeros o parte de éste debería usarse para liberar recursos del presupuesto para ser destinados a las inversiones públicas para reactivar la economía y apoyar el gasto social?

El Gobierno argentino persigue formar un fondo especial con parte de la reserva de libre disponibilidad para destinarlo al pago de la deuda pública, en vez de comprometer el presupuesto nacional para ese fin.

¿Un gobierno debe permitir que el Banco Central actúe de espaldas al interés de los fines económicos, políticos y sociales de un Estado? En los países desarrollados semejante conducta sería inadmisible.

Definitivamente, este pintoresco boicot de Martín Redrado, en su calidad de presidente del Banco Central de Argentina, servirá para que el gobierno de Cristina Fernández afiance su incidencia en las determinaciones económicas, actuando a nombre del Estado.