Al admitir el tapón en la revisión de expedientes sobre solicitudes de registros sanitarios, el ministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo Núñez, se defendió con la coartada de que había recibido el problema de la pasada administración.

Y, por supuesto, con el alegato de que se trabaja para resolver un problema que según la Asociación de Representantes, Agentes y Productos Farmacéuticos genera un comercio ilegal que sobrepasa los mil millones de pesos al año.

Puede pensarse que la retención de más de siete mil expedientes sobre solicitud de registros sanitarios y el volumen del negocio ilícito de medicinas guardan algún tipo de relación, aunque el problema no sea más que resultado de la negligencia o la deficiencia que prima en el sector público.

Después de lavarse las manos, el ministro de Salud Pública anunció que ha convocado a la Dirección de Drogas y Farmacias para agilizar los trámites sobre las solicitudes de registros sanitarios.

Sería saludable que también realizara una investigación para determinar y establecer responsables sobre un tapón que el sector empresarial tuvo que airearlo a través de un comunicado.