El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) no se anduvo con rodeo al culpar a la Junta Central Electoral (JCE) de los sometimientos ante organismos internacionales por supuestas violaciones de los derechos de dominicanos de ascendencia haitiana.
Lejos del patriotismo que ha sustentado la defensa frente al impasse, Servio Tulio Castaños expresó que la JCE ha incurrido en violaciones constitucionales en el caso de los domínico-haitianos. Castaños Guzmán invocó los mismos alegatos de los magistrados Eddy Olivares y José Angel Aquino al cuestionar que la JCE renunciara a su competencia para apoderar a la Dirección de Migración de la revisión de los expedientes de domínico-haitianos.
Las derivaciones sociales y jurídicas de esas decisiones son, según el vicepresidente de Finjus, las que han sentado el país en el banquillo, además de reflejar los niveles de incoordinación y no sujeción a la ley que ocurre en algunas instituciones nacionales. El conflicto, por lo visto, no es patriótico, sino constitucional.
El Nacional
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